Jueves , 25-02-10
A. R. VEGA
CÓRDOBA. No se puede decir que el desbordamiento del río haya cogido del todo por sorpresa a la mayoría de los vecinos de las parcelaciones ilegales situadas en zonas inundables y, especialmente en La Altea y Guadalvalle. Conocían de antemano que sus casas se hallaban en una zona de peligro y no precisamente por su cercanía del aeropuerto, aunque buena parte de sus problemas provengan también del cielo.
Hace nueve años, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entonces dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, emitió un informe en el que avisaba de los riesgos de vivir junto al río Guadalquivir o en la confluencia de arroyos, en terrenos no urbanizables y catalogados como inundables por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Antes de que éste recibiera el espaldarazo final -fue aprobado en 2003-, el organismo que tenía las competencias de la cuenca recomendó que construyeran un dique de contención, a modo de barrera para garantizar la seguridad ante las posibles crecidas de las más de mil parcelas ubicadas en zonas de riesgo. Se localizan en la zona sureste del Guadalquivir, dentro de la zona de retorno del río. Ésta área de cautela fue determinada por la Confederación en función de las tierras que se han visto afectadas por desbordamientos del río en las últimas décadas.
En esta situación se encuentran La Altea y Guadalvalle -situadas junto a un meandro del río- donde han tenido que ser desalojadas en torno a 150 casas, pero también otros núcleos como La Atalayuela, Ribera Baja, Cañuelo Bajo y Llanos de la Vega. De no hallarse solución técnica idónea, advertía la CHG, su plus de peligrosidad les llevaría a ser erradicadas.
En la Altea, la Confederación emitió un informe específico hace seis años, ante el empeño de los propietarios por regularizar la situación de las viviendas. Éstos llegaron a presentar un anteproyecto con vistas a buscar un encaje legal ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, quien a su vez les remitió a la Confederación, que tiene las competencias en esta materia.
Según confirmaron fuentes de toda solvencia a ABC la construcción de muro de contención, a unos 50 ó 60 metros del río, obligaba a iniciar un proceso expropiatorio, amén del elevado coste económico de esta construcción. Esta obra se presupuestó en unos 7 millones de euros, que debían ser financiados por los propios propietarios. Ante la imposibilidad de afrontar el pago, rehusaron hacerlo.

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