El presidente de facto, Micheletti
Cuando se cumplen tres meses del “contragolpe” cívico-militar que puso fin al mandato de Manuel Zelaya y a sus intenciones de violentar la Constitución, el Gobierno que preside Roberto Micheletti ha pasado a la ofensiva diplomática después de 90 días de repeler el acoso internacional. Las autoridades impedían ayer ingresar a Honduras a dos funcionarios no diplomáticos de la embajada española que regresaban de sus vacaciones. Además, una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) era retenida en el aeropuerto de Toncontín y expulsada poco después. Los cuatro delegados viajaron a Tegucigalpa en misión de avanzadilla para preparar la visita de cancilleres de la OEA prevista para los próximos días.
Esperan que no «tomen el riesgo» de volver
Esperan que no «tomen el riesgo» de volver
El canciller del Gobierno de facto de Honduras, Carlos López, afirmó hoy que no cree que el embajador español en Tegucigalpa, Ignacio Rupérez, ni otros embajadores asuman el riesgo de regresar a este país para que no se les admita. "Yo creo que han tomado nota los gobiernos de la comunicación de la nota verbal que se ha girado a todos y cada uno de ellos (...) de tal manera que no creo que se tomen el riesgo de que no se les admita", indicó López. «Nosotros lo lamentamos muchísimo, es una situación que puede resolverse muy fácilmente. Basta con una comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España comunicando a la Cancillería de Honduras que la situación creada con el retiro de su Embajada y el desconocimiento de nuestro embajador en Madrid ha terminado y que proponen el restablecimiento de relaciones diplomáticas», dijo.
Horas antes, el Ejecutivo interino exigía “medidas de reciprocidad inmediatas” a los países (España, Argentina, México y Venezuela) que unilateralmente rompieron relaciones con Honduras. La Presidencia anunció que “no recibirá a los agentes diplomáticos de tales países, salvo que procedan a negociar el restablecimiento de las mismas”. Además, el Gobierno “de facto” solicita a estas naciones “la retirada con urgencia de los locales que ocupaban las embajadas los distintivos y banderas que identificaban sus estados”.
Mientras el embajador español ya iba camino de Honduras (fuentes extraoficiales aseguran que Ignacio Rupérez permanecerá en Costa Rica hasta que se aclarara la situación), el Ministerio de Asuntos Exteriores recomendaba no viajar al país. A partir de los sucesos del 28 de junio, Exteriores venía aconsejando no desplazarse a Tegucigalpa, pero ahora ha hecho extensiva su recomendación a todo el territorio.
El gabinete interino denunció también que, desde la llegada clandestina al país del ex presidente Zelaya, éste ha usado la embajada de Brasil para instigar a la violencia, obstaculizar el diálogo y “amenazar el proceso electoral”. Por tanto, aunque el Gobierno ha mostrado “infinita paciencia y moderación”, solicitó a su homólogo de Brasil “que defina el estatus del señor Zelaya dentro de un plazo no mayor de diez días. De no ser así, nos veremos obligados a tomar medidas adicionales conforme al derecho internacional”. El presidente Lula da Silva se apresuró a rechazar el ultimátum, y asegura que Zelaya se encuentra en su representación diplomática en calidad de “huésped”.
La situación del ex mandatario se complica por momentos. Encerrado en un edificio bajo permanente custodia militar, su capacidad de maniobra es limitada. En su regreso al país, maquinado por Hugo Chávez, contaba con que una movilización de masas lo llevaría en volandas hasta la Casa Presidencial, pero apenas 3.000 partidarios acudieron en su auxilio. Según fuentes de la llamada “resietencia”, en las próximas horas está previsto el retorno de varios ex ministros, con los que Zelaya pretendería establecer un Gobierno paralelo.
