Actualizado Domingo, 27-09-09 a las 23:20
El Gobierno de facto de Roberto Micheletti impidió hoy el ingreso a Honduras de dos funcionarios no diplomáticos de la Embajada española en Tegucigalpa, informó a Efe una fuente diplomática española.
Cuando se cumplen tres meses del “contragolpe” cívico-militar que puso fin al mandato de Manuel Zelaya y a sus intenciones de violentar la Constitución hondureña, el Gobierno que preside Roberto Micheletti ha pasado a la ofensiva diplomática después de 90 días de repeler el acoso internacional.
El Ejecutivo interino ha exigido “medidas de reciprocidad inmediatas” a los países (España, Argentina, México y Venezuela) que unilateralmente rompieron relaciones. La Presidencia anunció que “no recibirá a los agentes diplomáticos de tales países, salvo que sus respectivos Gobiernos procedan a negociar con la cancillería de la República el restablecimiento de las mismas”.
Entretanto, el Gobierno “de facto” solicita a estas naciones “la retirada con urgencia de los locales que ocupaban las embajadas los distintivos y banderas que identificaban sus estados”. Y a sus diplomáticos que aún permanezcan en la capital, entregar sus carnets y matrículas diplomáticas, así como los documentos que les procuran exenciones fiscales. Mientras el embajador español, Ignacio Rupérez, ya estaba camino de Honduras, el Ministerio español de Asuntos Exteriores recomendaba no viajar, por el momento, al país. A partir de los sucesos del 28 de junio, Exteriores venía aconsejando no desplazarse a Tegucigalpa, pero ahora ha hecho extensiva su recomendación a todo el territorio.
El gabinete interino hondureño denunciaba también que, desde la llegada clandestina al país del ex presidente Zelaya, éste ha usado la embajada de Brasil para instigar a la violencia, obstaculizar el diálogo y “amenazar el proceso electoral del 29 de noviembre del 2009, el cual el pueblo hondureño ve como un instrumento para superar la situación política”.
Por tanto, aunque el Gobierno ha mostrado “infinita paciencia y moderación” y mantiene “el compromiso de respetar la integridad de la embajada de Brasil (...) solicitamos al Gobierno del Brasil que defina el estatus del señor Zelaya dentro de un plazo no mayor de 10 días. De no ser así, nos veremos obligados a tomar medidas adicionales conforme al derecho internacional”. El presidente Lula da Silva ha rechazado este ultimátum, y asegura que Zelaya se encuentra en su representación diplomática en calidad de “huésped”.
La situación del ex mandatario se complica por momentos. Encerrado en un edificio bajo permanente custodia militar, su capacidad de maniobra es limitada. Su regreso al país, maquinado por el presidente venezolano Hugo Chávez, contaba con que una movilización de masas (300.000 personas eran sus cálculos) llevaría a Zelaya en volandas hasta la Casa Presidencial, pero apenas unos 3.000 partidarios acudieron en su socorro. Ayer estaba previsto el retorno a Honduras de varios ex ministros, incluida la canciller e “ideóloga” Patricia Rodes, con los que Zelaya pretendería establecer un Gobierno paralelo.

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