El Ejecutivo argentino considera que se les está empujando a un «default técnico»
Fernández de Kirchner se ha visto obligada a despejar dudas sobre la solvencia del país
El fantasma de la bancarrota vuelve a sobrevolar, con matices, Argentina. Los sucesivos fallos de la justicia estadounidense, a favor de los fondos de inversión que rechazaron, -en 2006 y 2010-, un canje de deuda que suponía pérdidas de hasta el 70%, han colocado al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a los pies de los caballos del «default técnico». El juez neoyorquino, Thomas Griessa, ordenó la semana pasada a Argentina el pago a esos creedores de 1.330 millones de dólares que deberán ser abonados el 15 de diciembre. En caso de incumplimiento, los giros previsto de la deuda reestructurada para el próximo mes, por valor de unos 3.140 millones de dólares, serán embargados.
Pagar a «los buitres» y tragarse el orgullo o no pagar y provocar una suspensión de pagos forzada por el bloqueo judicial ordenado por Griessa. Ese es el dilema en el que se encuentra Argentina.
Las dudas sobre la solvencia del país forzaron a su presidenta a enviar un mensaje de calma al exterior. «Es imposible que Argentina deje de pagar porque hemos alcanzado un nivel de exposición mínima. Solamente el 8% de la deuda, en moneda extranjera, se encuentra en manos de tenedores extranjeros y tenemos más de 45.000 millones de dólares -en reservas del BCH- que por ley estamos autorizados a utilizar». Dicho esto, Fernández de Kirchner, antes de conocer el último fallo de Griessa, dijo, «no pagaremos un dólar a los buitres», en alusión a los fondos de inversión que demandaron a Argentina.
Fondos «buitre»
Moddy´s y otros analistas desconfían de la solidez de unas reservas nominales que no se corresponden al pie de la letra con las reales. La calificadora de riesgo considera un peligro para Argentina el último fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York y el más reciente de Griessa que ordena el pago de los bonos a los acreedores que no aceptaron la mega reestructuración del ex ministro Roberto Lavagna.
Los especialistas no pierden de vista que la justicia estadounidense amenaza con embargar el pago a estos bonistas si no se atienden las demandas de los otros, en su mayoría, fondos de inversión a los que Cristina Fernández denomina «buitres» por comprar la deuda cuando ya estaba en suspensión de pagos , a un precio inferior al nominal que en estos momentos están reclamando.
«No es razonable. Si un 92% aceptó semejante quita (rebaja del 70%), no es posible que el 8% salga ganando», protesta Shahida Shariar de Constellation Capital, un fondo de inversión que sí entró en el canje. Griessa, en su último fallo, responde a todos lo que piensa igual y les recuerda que «ellos eligieron no seguir el camino de las demandas».
La Casa Rosada, salvo apelación a su favor, no podrá «discriminar» entre acreedores independientemente de si aceptaron o no la reestructuración más ventajosa para el Estado argentino de la historia.
El ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, considera que se está empujando deliberadamente a Argentina a un «default técnico» que significa la imposibilidad de pago a los acreedores, «por alguna razón ajena a las partes». El objetivo, según exokuca el ministro es, «lograr calificar la situación como default técnico» para activar «los seguros que garantizan a los buitres cobrar». El objetivo, según Griessa, es «que, por fin, Argentina pague las deudas que debe. Después de diez años de litio es un resultado justo».
Consecuencias operativas
El virtual «default» de Argentina y sus consecuencias las advirtió también la Reserva Federal al enviarle una carta al magistrado -que ha ignorado- donde observa que la decisión «podría tener consecuencias operativas que impidan el buen y eficaz funcionamiento del sistema de pagos».
En este contexto Argentina, como ocurre con un grupo de bancos, sostiene que los fondos girados para los acreedores dejan de ser del país en el momento en que se ordena la transferencia, de tal modo que su embargo significaría embargar al sujeto que los recibe, que es un bonista, y no al país. Griessa amenazó a los bancos que no cumplan su sentencia.
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