«Entonces, ¿ya está todo aclarado y solucionado, verdad? No, ahora el señor Deripaska es más imputado que antes». Esa frase fue el colofón a las más de cinco horas de tensa declaración que prestó el pasado día 12 el magnate ruso Oleg Deripaska ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y el fiscal Anticorrupción. Ambos viajaron a Moscú para interrogar como imputado al presidente de la primera empresa de aluminio del mundo, Rusal, dueño de una de las grandes fortunas europeas, a quien se investiga en España por blanqueo de dinero. Era la tercera vez que lo intentaban en los últimos meses porque las autoridades rusas pusieron como condición que sólo declararía en calidad de testigo, algo a lo que lógicamente el juez español no accedió.

Dos abogados españoles

Andreu y el fiscal Antocorrupción, en presencia de seis abogados del empresario, dos de ellos españoles, otro fiscal y un juez ruso adscrito a la Fiscalía de ese país, dejaron claro al inicio del trámite que Deripaska estaba imputado y así debía constar en el acta de la diligencia. Ese era el acuerdo, al que no se opusieron los letrados de la defensa.

La sorpresa llegó cuando se ha tenido acceso a la declaración. En el documento, el instructor adscrito a la Fiscalía rusa sólo recoge que Deripaska es testigo -condición que tiene en Rusia-, pero omite que el juez y el fiscal español pidieron expresamente que constara que en España está imputado y que le interrogaban como tal.

De hecho, primero se le leyeron sus derechos como testigo de acuerdo a la legislación de su país y luego, a petición española, como imputado, condición que incluso le permitía no declarar.

Esta maniobra puede provocar, según fuentes jurídicas, la nulidad del testimonio. El oligarca tendría entonces que venir a declarar a España y si se negara se podría dictarse contra él una orden internacional de detención.

El interrogatorio no empezó con buen pie. El fiscal ruso preguntó sin preámbulos al titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional cuál era el problema y cómo se podía solucionar. «El problema es que le imputamos un delito», respondió Andreu. Deripaska, visiblemente ofendido, acusó al juez y al fiscal de estar jugando con su prestigio. La declaración estuvo a punto de acabar ahí.

Salvados los obstáculos, el empresario admitió que ha pagado a miembros de «Izmailoskaya», una de las principales mafias de Moscú, a cambio de protección para sus empresas por «miedo» a que su negocio y su integridad sufrieran daños. Con esa explicación intentó justificar los vínculos que tuvo con Mijail Chernoy -quien le reclama tres mil millones de dólares de una empresa de la que era copropietario-.

El oligarca ruso, hombre de confianza de Putin, aseguró incluso que nunca había sido socio de Chernoy, aunque la Audiencia Nacional tiene un documento firmado por él en abril de 1998 que lo acredita. El juez tiene indicios de que habría participado en el blanqueo de más de cuatro millones de euros entre 2001 y 2004 a través de una empresa española radicada en Alicante, Vera Metalúrgica, filial de la empresa UMGC rusa. El imputado dijo que no conoce la empresa y que nunca ha invertido en España.