M. R. / J. P.

CÓRDOBA. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se mostró ayer a favor de abrir un debate sobre la reforma de la actual Ley del Menor porque «protege al menor delincuente, pero no a las víctimas del menor delincuente». Pons añadió que da la sensación de que el menor no paga por los delitos que comete.

El popular hizo estas declaraciones tras conocer el episodio de posible agresión sexual e inducción a otro menor en El Cañuelo. Un suceso que se suma a la violación sufrida por otra menor a manos de seis jóvenes -cinco de ellos menores- en Baena.

También el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, insistió ayer en la reforma de la Ley, aludiendo a los dos casos de Córdoba y al de Isla Cristina, todos ocurridos en el último mes. Para Canalda, el comportamiento violento de estos menores responde a un doble problema educativo y legistalivo. «Después del verano el PSOE y el PP deberían sentarse y pensar que la ley es buena en el 80 por ciento de los casos pero en el otro 20 por ciento no, y tiene déficits», explicó Canalda.

Sin embargo, la petición de endurecimiento de la Ley del Menor no cuenta con el apoyo de todos los colectivos. El portavoz de la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), José Luis Calvo, declaró ayer a ABC que endurecer el castigo no es la solución, pues en países donde la edad penal es menor que en España estos episodios ocurren igualmente. Eso sí, Prodeni cree que hay que cambiar la legislación para que los padres de los menores puedan ser imputados civilmente. «Sabemos que la mayoría de los menores que delinquen vienen de un entorno marcado por la desatención familiar y el abandono escolar. Y es necesario que los padres sientan el peso de la Ley sobre ellos», añadió.

Pocos delitos

Por su parte, la delegada provincial de Justicia, Mercedes Mayo, dijo que la sucesión en tan poco tiempo de dos agresiones sexuales a menores es una «coincidencia lamentable», pero recalcó que las estadísticas demuestran que Córdoba es una de las provincias con menos delitos contra la libertad sexual.

Así, como informó ABC el pasado martes, en 2007 se registraron 351 delitos de esta naturaleza en Andalucía y de ellos 12 tuvieron lugar en la provincia. Sólo Huelva, con un delito, tiene menos incidencias que Córdoba.