El sistema de protección de la Junta de Andalucía para los menores frente a la falta de atención de sus padres ha sufrido un notable parón en los últimos años. El análisis de los datos que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha facilitado a los medios de comunicación desde 2000 así lo pone de manifiesto. En el ejercicio que inauguró el milenio se contaban en la provincia 501 niños tutelados por la Junta de Andalucía, mientras que en 2007, el último periodo del que han trascendido datos, el número fue de 390. La comparación entre ambas cifras arroja un porcentaje a la baja del 22 por ciento.

Bien es cierto que en los ejercicios más cercanos la cantidad de niños acogidos a esta prestación de la Administración autonómica se ha mantenido, de tal manera que en 2004 encontraron amparo 346 menores, en 2006 un total de 373 y en 2007 se contabilizaron 390, como queda dicho. En 2005 no consta que la Delegación de Igualdad y Bienestar Social facilitase cifras.

La adopción de la tutela de los menores por la parte de la Junta de Andalucía ha vuelto esta semana a estar de actualidad después de que Bienestar Social comenzara a investigar, el pasado lunes, si una súbdita marroquí abandonó a uno de sus dos hijos en Córdoba para viajar a Marruecos. La inmigrante, que volvió desde su país cuando una amiga le informó de lo sucedido, está procesada por un presunto delito de abandono de un menor de edad. Sus dos hijos se encuentran en un centro dependiente de la Administración autonómica.

El caso de estos dos pequeños es infrecuente, porque en la mayoría de las situaciones (más de un 60%) de desamparo la Junta se decanta por el acogimiento familiar -y no por el residencial, esto es, por el ingreso en un recinto dependiente de Bienestar Social-. En 2007, por ejemplo, 158 de los 390 menores tutelados estuvieron en residencias públicas, mientras que en 2006 un total de 162 de los 371 niños acogidos se integraron también en un centro.

Pero, ¿cuáles son las causas de este descenso tan pronunciado de acogimientos, tanto en régimen familiar como residencial? La respuesta es compleja, porque se trata de un fenómeno poliédrico en el que intervienen varios factores, pero uno de los que ha podido influir de un modo más determinante en los tiempos recientes es que la Junta se lo piensa dos veces antes de retirar la tutela a unos padres, después de que dos sentencias judiciales le hayan obligado a indemnizar a otros tantos progenitores por retirarles «de manera irregular» a sus hijos. En uno de los casos, fallado en 2006 en Sevilla, la indemnización ascendía a 1,7 millones de euros. La madre, que arrastra un problema de alcoholismo pero estaba desintoxicándose, murió antes de que pudiera cobrar la citada suma.