Chamizo, que compatibiliza los cargos del Defensor del Menor con el de Defensor del Pueblo Andaluz, muestra su satisfacción porque cada vez más menores bajo la tutela de la Junta se integren con familias y no en centros de acogida.

-¿Por qué cree que la Junta se pone el límite de tres meses para decidir si la tutela de un menor tiene que serle retirada a sus padres?

-Aquí no hay que poner límites ni plazos, aunque estén marcados. Porque lo que hay que hacer ahora, en el caso que se ha dado en Córdoba, es trabajar con la madre y fijar una serie de objetivos que ella tendrá que cumplir. Y si tiene que volver a ir a Marruecos pues habrá que arbitrar un sistema para que pueda hacerlo y que no se repita la situación de que el niño se quede solo. La propia Junta debería hacerlo. Lo importante ahora, ya digo, es trabajar con la madre y que los niños cuanto antes puedan volver con ella si cumple con el itinerario que se le marque.

-La Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni) opina que el plazo de tres meses es excesivo. ¿Y usted?

-Insisto en que en temas de menores no podemos ser dogmáticos en los plazos: si se resuelve en un mes, pues se resuelve en un mes, pero no creo que haya que agotar plazos por fuerza, sino hacer un trabajo continuado con esta mujer para que pueda seguir viviendo con sus hijos. Ése es el objetivo inmediato.

-¿En cuántos casos o en qué porcentaje la Junta le devuelve los menores a sus padres tras la investigación?

-Cada vez son más. Y ello sobre todo después de las dos sentencias que ha habido recientemente por las cuales la Junta ha tenido que pagar una indemnización muy fuerte por retirarles a dos familias sus hijos de una forma irregular. Lo que tiene que intentar la Administración autonómica es trabajar con las familias que están en situación de riesgo. Porque el desamparo siempre es un problema, aunque haya veces que no haya más remedio que aplicarlo porque la situación es terrible. Subrayaría que el riesgo de desestructuración familiar está más allá de la situación económica, porque en los nuevos casos que estamos viendo no hay una situación de pobreza, sino todo lo contrario, se trata de familias con medios pero que no atienden a sus hijos bien.

-¿Cree que con la crisis se darán más casos de desamparo?

-Probablemente. Por eso digo que lo fundamental es trabajar con las familias. Aquí hay que dejarse ya de aplicar de inmediato el desamparo, sino hacer un trabajo continuado y ver si dentro de la familia alguien se puede ocupar de los menores. El desarraigo de los niños hay que evitarlo cuando se pueda. Pero falta mucho trabajo social con este tipo de familias que tienen problemas.

-¿Tiene excusa el comportamiento de Latifa, la mujer detenida en Córdoba, por su condición de inmigrante?

-Es cierto que en el trato a niños hay muchas diferencias entre las distintas culturas, pero también es verdad que la mayoría de los padres de Marruecos se preocupan mucho de sus hijos.