El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha tachado la consulta de "propaganda política" sin "efectos jurídicos" y al margen de "cualquier marco jurídico" y ha anunciado que la Fiscalía General del Estado sigue recabando datos para valorar "la existencia de responsabilidades penales". "Hemos asistido a un acto de pura propaganda política carente de cualquier calidad democrática", ha dicho Català en rueda de prensa.
