Crimen de La Carlota Chica | La Fiscalía de Córdoba pide por primera vez prisión permanente revisable

El escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso ABC, elevado a la Audiencia Provincial de Córdoba , no acusa del delito de asesinato al abogado encausado al que las acusaciones particulares sí consideran coautor del asesinato por poner en contacto a víctima y su presunto asesino, sino sólo al presunto ejecutor del crimen.

La Fiscalía acusa, a priori, a falta de la prueba que se practique en el juicio con jurado popular, al abogado madrileño encausado en este procedimiento del delito de estafa pero no de homicidio o asesinato .

Hace poco más de una semana el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Posadas recibía el escrito de calificación del caso de La Carlota Chica de la acusación particular en el que solicita para dos encausados, un abogado madrileño y un cliente suyo, prisión permanente revisable por un delito de asesinato, al que se le suman estafa y suplantación de indentidad, entre otros, según ha informado a ABC fuentes judiciales.

Recientemente, el abogado Carlos Arias explicaba a ABC que «las últimas pruebas solicitadas durante la instrucción sobre el rastreo de los móviles confirmaban la localización de al menos un acusado en el lugar del crimen», un extremo que vendría a reforzar la acusación en estos hechos y la postura adoptada por el propio Ministerio Público de no acusar de asesinato al segundo encausado.

Hay que recordar que la trágica historia que acabó con la vida de Juan Carlos, de 45 años , es lo más parecido a un thriller pero en una casa encalada de la pequeña aldea de La Carlota Chica de poco más de 500 habitantes.

El caso arrancó con una desaparición en septiembre de 2017 en Córdoba . La familia denuncia ante la Guardia Civil que no sabe dónde está Juan Carlos, de 45 años, enfermo mental, que vivía solo en esa aldea a poco más de tres kilómetros de La Carlota pero bajo la supervisión de sus hermanos. La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil comienza las pesquisas para dar con su paradero y recoge testimonios de su entorno. Familia, vecinos, amigos, cámaras de seguridad, rastreo a través de antenas de telefonía, ordenadores, todo bajo lupa.

La familia siempre mostró a los agentes sus sospechas vertidas sobre un conocido de Juan Carlos que venía de Ciudad Real , que le visitaba y que algunos vieron que vestía con sotana . Se trataba de P. G.

La víctima lo había conocido a través de un abogado madrileño (acusado de asesinato por la acusación particular) al que había pedido ayuda porque tenía en su cabeza que «alguien le perseguía». El letrado, conociendo su perfil, le envía un supuesto «detective» de su confianza para que vele por él y descubra quién es esa persona que le sigue pero que en realidad sólo existía en su mente. Este presunto detective se convierte en principal imputado por estos hechos.

Se trata de un individuo oscuro, que en realidad es un estafador en prisión con anterioridad, y en palabras de la acusación particular, « que se gana la confianza de su víctima, conoce detalles de su vida privada, de su paga por enfermedad , de sus tarjetas y de sus ahorros. Y sobre todo, de su vulnerabilidad ».

Hasta entonces las sospechas eran sólo eso, sospechas, y el cadáver de Juan Carlos no aparecía. Durante prácticamente un año, no hubo ni rastro del desaparecido. Ni drones, ni georradar aportaban resultados. Pero la familia insistía en que su hermano no podía estar muy lejos. De hecho, estaba enterrado en el huerto de su propia casa, envuelto en plástico , lo que dificultó que fuera detectado por esos sistemas utilizados por la Benemérita.

Lo contaba hace poco más de un año a ABC el abogado de la familia, el penalista Carlos Arias , quien aseguraba que el error que cometieron los presuntos asesinos fue que « creían que podrían estafar y aprovecharse de la pensión de este vecino de La Carlota porque estaba solo. Nada más lejos. Su familia sabía cada paso que daba. Estaba cuidado y vigilado, aunque tuviera su propia autonomía dentro de lo que la enfermedad mental le permitía», añadía.

Finalmente, el 2 de agosto de 2018 bajo un montículo del huerto de la parte trasera de su casa de La Chica , muy escondido, los agentes encuentran el cuerpo de Juan Carlos. Los médicos forenses no pueden identificar el cadáver –aunque todo apuntaba a que se trata del propietario de la vivienda– bajo la mirada de uno de sus hermanos que asistió al levantamiento y envían muestras al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis. El secreto de sumario sellaba el caso.

Ahora quedaba buscar quién habría cometido este crimen atroz. En esos días de agosto, la autoridad judicial acordó el ingreso en prisión provisional para el presunto asesino, el supuesto «detective» que podría haber sido recomendado por el abogado madrileño a los que les unía una relación laboral abogado-cliente.

Fuentes cercanas a la investigación contaban que esta persona había sido detenida en la provincia de Ciudad Real y que ya se encontraba en prisión por otros hechos, pero en cualquier caso con antecedentes judiciales por estafa y falsedad documental.

Desde la desaparición de Juan Carlos, su presunto asesino había suplantado su identidad, cuenta el penalista Arias. El detenido conducía el coche del fallecido y llevaba encima la documentación de la víctima, con la que había obtenido una suma de 40.000 euros mediante extracciones bancarias . Cada mes cobraban su paga y habían conseguido un préstamo «online».

Hasta llegar a ese punto, recordaba a ABC el abogado Arias, ha habido una investigación grandísima de la Guardia Civil, y una de las pruebas claves que se aportó, que fue un análisis sobre los ordenadores y los correos electrónicos entre el difunto y el abogado , ha acabado con la imputación del letrado madrileño J. R..

En la última declaración el pasado año por videoconferencia el letrado madrileño se acogió a su derecho a contestar sólo a preguntas de su letrado, pero también accedió a aclarar cuestiones cruciales planteadas por el juez.

Lo hizo con memoria «selectiva», a tenor de las declaraciones según Arias, no recordando los mensajes de correo electrónico que había en su ordenador sobre este caso, pero dando fechas y horas concretas con detalles que podrían ayudar a su defensa. J.R. negó que pusiera en contacto al estafador y a la víctima, pese a los correos requisados por la Unidad de Policía Judicial que lo incriminan .

En liza, de momento, los dos acusados por el escrito de la acusación particular son P. G., el presunto detective y falso cura que estafó, cometió el crimen y suplantó su identidad (en prisión provisional); J. R., el abogado madrileño que pudo poner en contacto a víctima y verdugo, y que sin su colaboración la acusación cree que los hechos no se hubiesen producido.

Un tribunal popular será el encargado de juzgar a estos dos acusados por un crimen atroz en una aldea pequeña de La Carlota en 2017, y cuando por primera vez en Córdoba podría ser alguien condenado a esta pena máxima prevista en el Código Penal .

La primera vez que se condenó en España esta pena de prisión permanente revisable fue a Ana Julia Quezada, por la muerte del niño almeriense Gabriel Cruz . Esta condena es la homóloga, con sus diferencias, en España a la cadena perpetua de EEUU.

Esta pena máxima entró en vigor el 30 de marzo de 2015 en España con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, que modificó el Código Penal, y han sido ya más de una docena los que han sido condenados en este grado desde entonces.

Hay que recordar que la prisión permanente está prevista para casos como del asesinato de menores de 16 años o personas especialmente vulnerables por su edad, enfermedad o discapacidad física o mental .