El Gobierno restringe el plan de choque del Ayuntamiento de Córdoba a cuatro millones de euros

El asunto levantó ayer no pocos comentarios gruesos entre los representantes municipales leído con calma el decreto de medidas económicas. Permite echar mano del excedente del año anterior para darle alegría a la economía cuando pase la situación sanitaria y florezca la crisis de las empresas. El manguerazo será, como mucho, una cubeta. Por varias razones. La primera es que se permite gastar el superávit con un límite del 20 por ciento. Es decir, solo una quinta parte de esa cantidad podría ir a actividades de contención del problema. Además, todo queda abierto al gran escollo. Poder pagar las facturas en treinta días de periodo medio de pago a proveedores. En un momento en el que ayuntamientos como Córdoba tienen a la mayor parte de su plantilla sin poder trabajar y los proveedores han mandado a casa a su personal por el cierre del Gobierno .

Desde las instituciones municipales de media España , se llevaban dando toques al Gobierno desde hace mucho. Con las condiciones expresadas, los manguerazos a la economía local desde ayuntamientos y diputaciones quedan convertidos, a lo sumo, en tímidos chorricos de regadera. Y el problema radica en que el Estado en España se compone de una Administración central híperendeudada, unas comunidades autónomas con muchos problemas y unas entidades locales que, gracias a (o por culpa de) los años de dieta impuesta por el Ejecutivo de Rajoy, no aportan al déficit público, cuentan con reservas y tienen una posición entre ingresos y deuda bancaria que es de las más livianas del sector público.

El Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo, afronta esta situación con reservas relevantes y las menores obligaciones que se recuerdan con los bancos. Es cierto que esa posición puede cambiar en el futuro. Empresas como Aucorsa están siendo sostenidas en estos momentos a pulmón por el presupuesto municipal desde que no se sube nadie a los autobuses. El sector público en Córdoba ni siquiera se planteó movilizar los recursos de interrupción temporal de contratos para su personal no esencial de forma que ahora tiene que pagar nóminas por servicios que no se prestan. Ahora presentar un ERTE es, según el análisis realizado por los servicios jurídicos municipales, imposible.

Lo peor del asunto es que la posibilidad de que no se modifiquen los planteamientos de periodo medio de pago puede hacer que, de nuevo, vuelva a ganar la banca. La ley sigue diciendo que, con el superávit, se pueden montar las Inversiones Financieramente Sostenibles (tremendamente limitadas para la situación que está atropellando a la economía) o planes municipales de choque limitados al 20 por ciento del superávit total. Si no se cumpliese el requisito de pagar a los treinta días desde que se reconoce la factura, todo el dinero que el Ayuntamiento de Córdoba no gastó debe ir a reducir aún más la deuda con la banca.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes , aseguraba ayer que la forma en la que el Gobierno ha regulado este asunto es un disparate y una barbaridad. «Estrangula la capacidad de maniobra del Ayuntamiento y las posibilidades de salir adelante con medidas de choque ajustadas a las necesidades reales para atajar el drama social y para impulsar la actividad económica y recuperación del empleo», dijo. Fuentes aseguró que el Gobierno improvisa y que eso es una tremenda irresponsabilidad.