La solución a la complicada situación del Alakrana no es judicial, sino política, militar o diplomática. Con esa rotundidad se manifiestan distintas fuentes jurídicas consultadas por ABC, no sin cierto malestar por los mensajes lanzados desde el Gobierno —ayer mismo, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega tras la reunión del Consejo de Ministros—, que insisten en desviar la pelota hacia el tejado de la Audiencia Nacional. No hay que olvidar que fue el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, quien puso en manos de ese tribunal a los dos piratas detenidos y que tanto la Fiscalía como los jueces —primero Baltasar Garzón, después Santiago Pedraz y finalmente los dieciséis que integraron el Pleno— no han hecho sino cumplir con la legalidad vigente. No obstante, y pese a ser el órgano aludido, la Audiencia Nacional guarda silencio. Su presidente, Ángel Juanes, declinó «por prudencia» hacer cualquier tipo de declaración a este periódico.

Posible prevaricación

Las fuentes citadas consideraron «muy complicado» encontrar una vía jurídica que suponga dar marcha atrás en un procedimiento penal en el que el fiscal ya se ha posicionado, aunque en este momento sólo se disponga de indicios, respecto de los delitos imputables a los dos corsarios encarcelados, delitos tan graves como 36 detenciones ilegales y otro de robo con violencia y uso de armas.

La Fiscalía, así como Pedraz y el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, también han dejado clara su opinión respecto a la jurisdicción de los tribunales españoles y a la competencia de la Audiencia Nacional. «Y la jurisdicción —sostienen los medios citados— no se puede ceder como si fuera un caramelo. Claudicar la jurisdicción de un país por el chantaje de unos criminales es muy duro».

De ahí que sea muy difícil encontrar ahora algún «subterfugio legal» que no suponga mostrar una posición diametralmente opuesta a la mantenida hasta este momento, y hacerlo sin vulnerar la ley. «Incluso podría caerse en un delito de prevaricación», aseguran las fuentes consultadas.

En todo caso, cualquier iniciativa que se tome tiene que partir de la Fiscalía, «que es quien domina la acción penal» y quien tiene la capacidad de modificar la calificación jurídica o incluso de retirar los cargos y pedir el sobreseimiento de la causa. Pedraz, sin que se lo pidan las partes, no puede mover ficha.

Sin embargo, para las fuentes jurídicas consultadas sería muy grave que la Fiscalía cambiara de criterio de forma tan radical, «pues un Estado no puede ceder al chantaje de los criminales». Como no cedió, recuerdan, cuando en 1997 ETA exigió al Gobierno el acercamiento de sus pistoleros a cárceles del País Vasco a cambio de la vida del concejal Miguel Ángel Blanco. La Fiscalía, como la Audiencia Nacional, guarda un prudente silencio.

Otra de las vías que en algunos medios se ha apuntado es la inmediata celebración de un juicio en el que el fiscal y la defensa pactaran una pena de conformidad (algo que se ha hecho con frecuencia en casos de «kale borroka»), pena que se rebajaría con la aplicación de alguna atenuante. Las fuentes jurídicas consultadas por ABC también desechan esta opción, primero por la gravedad de los delitos imputados a los piratas y, en segundo lugar, por la imposibilidad de celebrar el juicio antes de que sean liberados los marineros del Alakrana. Los testimonios de los secuestrados son una prueba de cargo «imprescindible» en este asunto.

Los portavoces de las distintas asociaciones de jueces también se han pronunciado sobre este asunto y consideran muy difícil encontrar ahora una solución jurídica que responda a las exigencias de los piratas y sea legal al mismo tiempo. Todos ellos expresaron su deseo de que el secuestro se resuelva lo antes posible y que todos los marineros puedan regresar a casa sanos y salvos.

Antonio García

As. Profesional de la Magistratura

«Los jueces no somos prestidigitadores»

El portavoz de la asociación mayoritaria en la carrera judicial afirma que no se puede poner en «el debe» de la Justicia española la situación crítica que viven los pescadores secuestrados. «No se puede pretender que los jueces nos convirtamos en prestidigitadores, que resolvamos lo que no está en nuestras manos, nos pongamos una venda o actuemos de espaldas o en contra de la ley. No somos los jueces quienes tenemos que rompernos la cabeza buscando un camino a contrapelo», sostuvo Antonio García.

La única fórmula que permitiría excarcelar a los piratas pasa, dijo, por que la Fiscalía retire la acusación, pues plantear un problema de competencia en este momento es «absolutamente impensable». García abogó por que «entre todos» se encuentre una solución «que no haga crujir los pilares del Estado de Derecho».

Marcelino Sexmero

Francisco de Vitoria

«Sólo si lo permiten los convenios»

Para Sexmero, el traslado de los piratas fuera de España sólo es posible «siempre y cuando» el convenio que firmó la Unión Europea con Kenia y las islas Seychelles lo permita (según la Fiscalía y la Sala Penal, no, porque la detención se produjo en aguas internacionales que están fuera de la zona de seguridad de la «operación Atalanta». La jurisdicción es claramente de la Justicia española).

En su opinión, lo más sencillo hubiera sido entregar a los dos corsarios a Kenia antes de trasladarlos a España.

Miguel Ángel Gimeno

Jueces para la Democracia

«Kenia debería pedir la extradición»

Pese a que la Audiencia Nacional, dijo, «está estudiando con cariño» todas las posibilidades, el portavoz de JpD cree que la única solución posible, aunque tampoco es fácil, requeriría que Kenia pidiera la extradición de los dos piratas. Plantear ahora que la Audiencia Nacional no tiene la competencia es «difícil», sostuvo Gimeno, pues este es uno de los casos en los que se da de forma más clara. <MC>Para este magistrado, encontrar en este momento una vía jurídica legal es «complicado, cuando no imposible».

Conrado Gallardo

Foro Judicial Independiente

«Aquí ha faltado sentido común»

La solución debe ser «más práctica que jurídica», sostiene Gallardo, en cuya opinión los pescadores del Alakrana se encuentran en esta grave situación «por la falta de una actividad diplomática adecuada». «En este asunto —añadió el portavoz de FJI— ha faltado sentido común», porque nunca debió traerse a España a los dos piratas detenidos por los militares.

Por todo ello, también Gallardo opina que la excarcelación de los corsarios sólo podría producirse si la Fiscalía pidiera el sobreseimiento de la causa por falta de pruebas, aunque esta vía también es «muy complicada». En cuanto a Pedraz, no puede decir ahora que la causa no es competencia de la Audiencia Nacional, pues podría incurrir, aseguró, en un delito de prevaricación.