Las Comunidades autónomas se las volvieron ayer a ver y desear para tramitar e informar sobre el nuevo subsidio de 420 euros, que aprobó el Ejecutivo el pasado 13 de agosto. Zapatero, por su parte, dijo que Trabajo se reunirá con las comunidades autónomas el próximo 26 de agosto.
Las quejas sobre la gestión del Ejecutivo vinieron desde varias comunidades, entre ellas, Castilla y León, cuyo vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, calificó de «discriminatorio y antisocial» la medida. A la vez que constató que en las oficionas de empleo de esta comunidad se han incrementado el número de inscripciones de inmigrantes, amas de casa y jóvenes universitarios, pensando en ser beneficiados por la nueva ayuda. Villanueva reconoció que la letra pequeña genera «cierta indignación y constató que las oficinas del servicio de empleo de esta comunidad no «están preparadas para gestionar esta ayuda».
Sin embargo, recordó que en esa autonomía ya existe una figura similar a la aprobada por el Ejecutivo -el Itinerario Activo de Empleo- que prevé un subsidio de 421 euros para desempleados sin prestaciones, y con carácter retroactivo desde octubre de 2007. En Madrid, el director general de Empleo, Valentín Bote, reconoció que ha habido «contactos informales» antes de la aprobación del Real Decreto, aunque criticó la «desinformación» y, aseguró, que ello les ha obligado a desviar a los usuarios al Ministerio. Luego mencionó que hasta última hora del lunes no se recibieron los originales de los formularios, y que desde la Comunidad se solicitó al Ministerio el establecimiento de un mecanismo de coordinación, algo para lo que aún no han recibido respuesta.
Un mail y una instrucción
Bote reveló que la poca información que obra en manos de la Comunidad es una instrucción recibida desde el Gobierno el domingo y un correo electrónico llegado ayer, que no pudo ser totalmente analizado. A su juicio, el quid de la cuestión estaría en qué administración será la encargada de comprobar la veracidad de los requisitos de cada solicitan, y de qué manera se van a organizar los itinerarios de inserción de cada beneficiado. Entre el lunes y el martes, según fuentes de la comunidad,se presentaron apenas 30 solicitudes.
Desde la Consejería de Economía de Castilla y León señalaron que, a primeras horas del miércoles, se había recibido un mail con indicaciones solicitando mayor rigor con los requisitos para acceder a los 420 euros. Un documento cuyo contenido tildaron de «instrucciones preocupantes». Sea como fuere, el INEM comunicó a últimas horas de ayer que se habían tramitado ya un total de 261 expedientes, y que todos ellos podrán percibir la prestación «en el mes de septiembre». Además destacaron desde Trabajo, que se habían mandado 17.283 mensajes y 66.670 cartas a los beneficiados. Por otro lado, se informó de que el «100% de las oficinas tienen impresos para solicitudes y documentación informativa».
Por contra, fuentes sindicales en Valencia revelaron que los funcionarios aún trabajaban con fotocopias de los formularios. En Cataluña, UGT alertó del colapso en algunas oficinas del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), algo que negaron desde el tripartito.
Se anima la subasta
Sigue el movimiento a nivel autonómico con los 420 euros. El martes fue Murcia, y ayer le llegó el turno a Andalucía. Su presidente, José Antonio Griñán, anunció una inversión total de 360 millones de euros en subsidios a desempleados y en el fomento del empleo.
