Las consecuencias del macro-complejo urbanístico de lujo que ha iniciado el gobierno de Gibraltar se extienden más allá de la grave invasión de espacio de soberanía española. Las 2.200 viviendas proyectadas se van a edificar sin el correspondiente informe de impacto ambiental y, según aseguró el diputado popular José Ignacio Landaluce, con la inclusión en el relleno de árido con el que se está ganado terreno al mar de electrodomésticos y otros objetos contaminantes.

Cuando en el pasado enero ABC adelantó los planes expansionistas auspiciados por el ministro principal gibraltareño, Peter Caruana, fueron diversas las voces que alertaron de su grave incidencia en el ecosistema marino. Una de ellas fue la de la asociación Verdemar, quien ya en 2005 advirtió, sin que el Gobierno español atendiera sus quejas, de las intenciones de Gibraltar. Su portavoz, Antonio Muñoz, advirtió que se está rompiendo la dinámica del litoral a ambos lados del Peñón, afectando tanto a las playas de la bahía de Algeciras como a la zona Este, la más próxima al mar de Alborán.

El alcalde de la Línea de la Concepción, el popular Juan Carlos Juárez, ya explicó que hace cuatro años solicitó al Ejecutivo que preside Zapatero que se informara del proyecto después de que un estudio encargado sobre el impacto de la macro-urbanización determinara que sería muy negativo. «Eso fue en 2005, estamos a 2009 y a mi nadie me ha enviado el documento que solicitamos», manifestó entonces. La situación no ha variado.

Gas freón

Los rellenos continúan, y no sólo con arena traída de distintos puntos de Andalucía. Landaluce explicó que también se está utilizando chatarra que incluye electrodomésticos contaminantes. «Estos aparatos contienen gas freón -un elemento utilizado para generar frío en ambiente cerrado-, que es muy dañino para la naturaleza», aseguró.

El diputado del PP señaló que se estaría incurriendo en un delito medioambiental que debería ser investigado, «al igual que los numerosos vertidos de barcos atracados en Gibraltar que acaban matando los ecosistemas marinos y afectando a las playas de la zona».

Un «parking» en el mar

Las aguas que rodean a Gibraltar se han convertido en un negocio para el Gobierno de la roca. Como si fuera un gran parking, se han convertido en un aparcamiento de pago que acoge a todas aquellas embarcaciones que no tienen cabida en el puerto.

Landaluce explicó que las autoridades gibraltareñas ingresan grandes sumas de dinero por permitir a los barcos que fondeen en la costa oeste del Peñón. «Estamos en pleno Estrecho y es zona de paso de numerosos cargueros y petroleros que pagan por hacer parada», manifestó el diputado, que aclaró que, «cuando esta zona se masifica de embarcaciones, les dicen que se sitúen en la costa Este, en aguas españolas». El político popular declaró que el colmo de esta situación es que Gibraltar está llegando a ingresar dinero por barcos fondeados frente a la Línea de la Concepción y San Roque.

Estos municipios, además, padecen los vertidos de hidrocarburos y los desechos de la limpieza de las bodegas de los buques, provocando manchas aceitosas y de suciedad. El hundimiento del «New Flame» y su vertido tóxico supuso el paradigma de un peligro constante y que ninguna autoridad estatal o autonómica se dedica a mitigar.

Y al conformismo del Gobierno se unen decisiones que tilda de incomprensibles. «Una de ellas es el anuncio de que Gibraltar va a ser sede de un Instituto Cervantes», señalan desde el PP. «El Peñón jamás debería acoger a una institución así, ya que éstas se abren en países extranjeros, y que yo sepa, es territorio español. Son detalles que evidencian una pasividad galopante y que hacen mucho daño a la postura firme que se ha mantenido durante más de 300 años», finalizó.