Miércoles, 12-08-09
ASherman McCoy, el bróker protagonista de «La hoguera de las vanidades» de Tom Wolfe, le sometía un fiscal en apuros de reelección a la inicua pena de telediario: una detención escandalosa e innecesaria con paseíllo por las escaleras del juzgado, esposado ante una prensa previamente convocada para someterlo al escarnio de la carnaza populista. Eso es exactamente lo que ha hecho la policía de Palma con los dirigentes del PP acusados de irregularidades económicas, encadenados ante las cámaras como vulgares forajidos. Bueno, como forajidos no: a los delincuentes comunes se les suele respetar su derecho a la privacidad, consagrado y recogido en el protocolo policial de detenciones y traslados. Incluso gozan de tal deferencia los etarras... cuando les echan el guante, porque aunque resulte un poco demagógico señalarlo no deja de ser cierto que mientras los investigadores palmesanos se entretenían en humillar gratuitamente a miembros de la oposición política, los terroristas llenaban la ciudad de bombas en una desafiante burla a la seguridad del Estado.
Esta sobreactuación policial, desproporcionada, arbitraria y afrentosa, se parece mucho a una prevaricación intencionada, tuviese o no el visto bueno de un delegado del Gobierno que ya tarda en adoptar las sanciones que le exculpen de un manifiesto abuso de poder. Pero sobre todo, se trata de una operación incompatible con los usos de un Estado democrático, porque tiene todas las trazas de constituir una venganza expeditiva, una ejecución moral odiosa e inaceptable. El infamante paseo de los detenidos mallorquines -tan peligrosos que fueron puestos en libertad bajo fianza por el juez que les tomó declaración- se produjo justo después de que: a) un tribunal exculpara al presidente de Valencia de presunto cohecho en la trama Gürtel, y b) dos responsables nacionales del Partido Popular denunciasen ser víctimas de escuchas telefónicas ilegales. Dos datos suficientes para avalar cualquier sospecha de parcialidad, extralimitación y atropello por parte de funcionarios públicos que están bajo las órdenes directas del Gobierno.
Lo de las escuchas tendrá que demostrarlo el PP, aunque resulte un asunto desgraciadamente verosímil en un país cuyo servicio de espionaje fue capaz de interferir las conversaciones del Rey. Pero el exhibicionismo difamatorio de los grilletes de Palma -agravado con 72 horas de calabozo en un rigorismo propio del manual antiterrorista- es un hecho flagrante que apunta a un comprometedor abuso de autoridad y, lo que es peor, a un designio criminalizador de la oposición política. El Ministerio del Interior no puede agarrarse a la condición de imputados de los detenidos, porque a menudo trata mejor a sospechosos menos recomendables. Cada minuto que pasa sin excusas ni explicaciones es un tiempo que consolida la sensación de un linchamiento.

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