La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, número uno del PSOE por Valencia en las pasadas elecciones generales, se empadronó a última hora en la localidad valenciana de Beneixida. Tan a última hora lo hizo que sólo una Resolución de la Oficina del Censo Electoral del 31 de enero de 2008, interpretativa de otra Resolución de 2004 -que no aparece en la web-relativa a las reclamaciones por cambio de residencia, hizo posible que pudiera votar en Valencia y no en Madrid, donde, por cierto, también estaba dada de alta en el Censo. La Oficina del Censo Electoral admitió ayer que cambió las normas del Censo vigente para las elecciones de marzo de 2008 en pleno proceso electoral, sin publicidad ni comunicación a los partidos concurrentes a los comicios. La polémica, suscitada a raíz de la información publicada por la revista «Época», llevó a Teresa Fernández de la Vega (en la imagen, ayer) a anunciar «medidas legales» contra «esa información falsa». Pero más allá de la respuesta de la vicepresidenta, la pregunta clave es la que se hizo ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons: «¿Qué sucede con todos los ciudadanos empadronados entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2007 que se rigieron por la normativa pública y que no se beneficiaron del cambio de criterio?». ¿Trato de favor? Lo cierto es que hasta ayer en la página web del INE se seguía insistiendo en que el censo electoral vigente para las pasadas elecciones generales fue el cerrado a 1 de diciembre de 2007, con los movimientos incluidos hasta el 1 de noviembre de ese año. Dicho de otro modo: según el INE, Teresa Fernández de la Vega no podría haber votado en Valencia. -España