No hay ningún informe policial ni ninguna otra prueba nueva que haya hecho cambiar de opinión a la Fiscalía Anticorrupción: en la «operación Gürtel», la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón desde hace ya un mes, no hay parlamentarios susceptibles de ser imputados por el Tribunal Supremo. Así se lo ha hecho saber la Fiscalía al magistrado de la Audiencia Nacional en el informe que ayer le remitió en respuesta a su solicitud «urgente» del pasado miércoles.

Garzón quería que la Fiscalía le contestara en 48 horas sobre la posibilidad de que fuera el Tribunal Supremo el que absorbiera toda la investigación, pues el juez veía indicios de criminalidad contra al menos dos parlamentarios nacionales. El magistrado se apoyaba en un informe policial remitido a su Juzgado el lunes que contenía «nuevos datos que podrían resultar fundamentales (...) por la aparición de un posible nuevo caso de aforamiento».

En el ámbito autonómico

El varapalo del Ministerio Público al magistrado ha sido doble: primero, porque en un intento de desvincularse de las elecciones autonómicas del pasado domingo -Garzón esperaba la respuesta a las puertas de la jornada de reflexión- optó por desoír el plazo dado por el magistrado, no sin antes advertirle de que presentaría el informe tan pronto como hubiera estudiado el tema (de los aforamientos) «en profundidad». Y segundo, por la respuesta de ayer, en la que mantiene que deben ser los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia los que asuman la causa;el primero en su totalidad, y el otro «determinados hechos, perfectamente escindibles».

Además de los 37 imputados cuyos nombres ya se conocen, para la Fiscalía hay otros cargos -diputados autonómicos- cuya imputación corresponderá, en su caso, al tribunal superior de la comunidad autónoma en cuestión.

La respuesta de Anticorrupción es exactamente la misma de su anterior informe, fechado el 18 de febrero pasado, y no hay, por tanto, ningún elemento nuevo que haya modificado su criterio. Según ha podido saber ABC, si bien es cierto que el nombre de al menos un parlamentario figura en conversaciones telefónicas intervenidas al presunto cerebro de la trama, estas referencias no son suficientes como para mantener, en su caso, una acusación. Eso no significa que, ignorando el criterio de la Fiscalía, Garzón opte aún así por enviar una exposición razonada al Supremo. Eso sí, lo haría de oficio y con un coste demasiado grande que fuentes consultadas por ABC dudan que esté dispuesto a asumir. No obstante, en las próximas horas se sabrá lo que finalmente decidirá el juez, que está previsto que se inhiba hoy mismo o, a más tardar, mañana.

Campaña y filtraciones

En todo este tiempo, coincidente con la campaña electoral de cara al 1-M, se han conocidouna oleada de filtraciones (que son investigadas por el propio Garzón) que han venido a extender la sombra de la duda sobre dirigentes populares y que les han causado una absoluta indefensión.

A algunos de estos se les ha puesto nombres y apellidos, como a Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular. Señalar su implicación en esta presunta trama de corrupción atacaba algo más que a su persona: apuntaba directamente a la financiación del partido.

Pese al secreto sumarial, el que Garzón negara, vía comunicado, la implicación de Esteban González Pons, y no lo hiciera con otras informaciones que señalaban a Luis Bárcenas hizo que se diera por hecho la vinculación del tesorero popular con la presunta trama. Gerardo Galeote, posible «número tres» del PP a las europeas, también fue una de las víctimas de las filtraciones, también por omisión, como en el caso de Bárcenas.

Herida de muerte

Lo cierto es que el principal partido de la oposición ha desconfiado de esta investigación desde su inicio, el pasado 6 de febrero, a raíz de la detención de los tres principales imputados, que pasaron el fin de semana en los calabozos mientras Garzón compartía cacería con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

La propia competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos; el secreto de las actuaciones; las filtraciones; la negativa a la personación del Partido Popular; la no resolución de los tres requerimientos que la Comunidad de Madrid ha hecho en el mismo sentido; la recusación al magistrado; la querella que contra él ha presentado el PP, o la sorpresa que ha causado el que no se haya adoptado ninguna medida cautelar sobre la mayoría de los imputados, son elementos que han contribuido a incrementar esa desconfianza en las filas populares. En el Congreso, han llegado a comparar esta causa con la del lino, que, tras poner en el punto de mira a varios dirigentes del PP y del Gobierno de Aznar quedó en nada.

De momento, la causa vive sus últimas horas en manos del juez Garzón, que hoy tiene previsto concluir los interrogatorios de los imputados con la declaración de siete de ellos, entre los que se encuentra el ex vocal-vecino del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa José Javier Nombela.

Desde que comenzó la instrucción, Baltasar Garzón ordenó prisión para los tres presuntos responsables de la red de blanqueo: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.

Sin medidas cautelares

Otros 27 de los 37 imputados, incluidos los seis que declararon ayer -entre ellos, los ex alcaldes de Boadilla del Monte y de Majadahonda, Arturo González y Guillermo Ortega, respectivamente-, han quedado en libertad sin medidas cautelares o con comparecencias semanales o mensuales.