Lunes, 22-09-08
F. J. POYATO
CÓRDOBA. El objetivo de la Ley Concursal, que irrumpió en el panorama empresarial hacia 2003 y se hizo efectiva en Córdoba hacia la mitad de 2004 con la creación del juzgado de lo Mercantil adjunto al de Primera Instancia número 9, es que las sociedades con deudas y morosidad sean capaces de seguir adelante de acuerdo con sus acreedores y eludiendo la liquidación.
En plena avalancha de expedientes de acreedores empujados por la crisis económica, y según se desprende de los datos oficiales de este juzgado de lo Mercantil de Córdoba, el citado reto apenas se está logrando. Desde enero de 2007 y hasta mediados de este mes se han registrado un total de 60 concursos de acreedores, de los que un 85% (51) han sido por voluntad de la propia empresa y el 15% restante (9) forzados o necesarios.
De todos ellos, y según fuentes judiciales, sólo en cuatro ocasiones se ha terminado aprobando lo que la ley recoge como convenio, un acuerdo entre empresa y acreedores para el pago de la deuda bien a plazos, bien mediante una condonación (quita) para liquidar el pasivo. En la aplastante mayoría de casos restantes (56), la liquidación, por la que un administrador designado por el juez titular de este órgano hace inventario de los bienes patrimoniales y los vende para repartir los fondos a los acreedores, fue la resolución definitiva.
Avalancha en verano
Según estas mismas fuentes, en Córdoba, y antes del verano, periodo en el que se ha producido una avalancha de expedientes que pueden elevar la cifra final de concursos en 2008 a unos 80, la liquidación podía durar unos dos años, siempre dependiendo de los bienes a liquidar. En el caso del convenio, el periodo estimado era de unos diez meses.
Sin embargo, la demora en la resolución de estos concursos va a aumentar en los tiempos venideros. A la saturación que sufre el juzgado de lo Mercantil por llevar una sección de civil, se suma la escasez de funcionarios (diez) y la complejidad propia de los diferentes procedimientos que arbitra la Ley Concursal para cada caso concreto (tipo de concurso, impugnaciones a la lista de acreedores, número de incidentes planteados, convenio o liquidación, afección de entidades de ahorros...).
Todo ello, sin olvidar el tamaño de la empresa afectada. De momento, los casos contabilizados en Córdoba corresponden en su mayoría a pymes o micropymes. La construcción y afines es el sector más tocado, pero también aparecen firmas agroalimentarias, distribución informática, muebles, alimentación u orfebrería. Los casos más sonados han sido los de Graficromo (recuperada a través de Taller de Libros), Pavosol, Mueloliva y MGR Grupo Informático, que ha cerrado un convenio inicialmente entre los propietarios y una parte de los acreedores.
A diferencia de Córdoba, las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga sí cuentan con un Juzgado de lo Mercantil en exclusividad.
