PP y UCOR instan a que rija el criterio de dar servicios a las parcelas de Medina Azahara
Día 09/05/2012 - 08.59h
Los cuatro grupos políticos con representación en el Pleno municipal se pusieron ayer de acuerdo en algo: todos apoyaron una propuesta para exigir a la Junta de Andalucía la liquidación de la deuda que mantiene con el Consistorio por el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que asciende a 7 millones de euros. La cantidad principal que la Administración regional tiene pendiente con la entidad municipal es de 3,5 millones, buena parte de la cual se arrastra desde los años 90; a esta suma hay que añadirle 711.062 euros de recargos y 2,7 millones de intereses.
«O la Junta nos envía un calendario de pago o no tendremos más remedio que acudir a los tribunales», señaló el concejal de Hacienda y Gestión, José María Bellido, que encontró la comprensión del resto de los grupos. «La resolución de este problema depende tan solo de la volutad política del Gobierno de la Junta de Andalucía, y en marzo de este año hemos efectuado el último requerimiento a las consejerías de Obras Públicas y Economía y se ha trasladado copia a la Asesoría Jurídica Municipal a fin de que se proceda a una demanda judicial», añadió.
El acuerdo adoptado por los cuatro grupos políticos excedió a la petición de que la Junta salde su deuda y se amplió, por iniciativa de Izquierda Unida, a que el Gobierno central y cualquier tipo de institución también se ponga al día en los pagos tributarios pendientes con el Consistorio. En este punto se produjo una de las pocas intervenciones en el Pleno del líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, que en un tono mucho más mesurado que el acostumbrado defendió que «lo mas lógico es que el Ayuntamiento llegue a un entendimiento con la Junta y no entrar en confrontaciones».
De otro lado, el Pleno aprobó con los votos favorables de PP y UCOR una moción en la que se acordó que el Ayuntamiento inicie los trabajos de innovación o revisión de los instrumentos de planificación o de afección que inciden en la propuesta de la Oficina Territorial del conjunto arqueológico de Medina Azahara, al tiempo que le exige a la Junta «respeto a la autonomía municipal» en el ámbito de «la ordenación de los bordes urbanísticos» de dicha zona, lo cual implicará una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La intención del Consistorio es dotar de estabilidad a los núcleos de viviendas cercanos al yacimiento omeya, que siguen sumidos en un limbo jurídico.
Así, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, se mostró favorable a que sea el Ayuntamiento, y no la Administración autonómica, el que marque la línea de actuación en la zona.«Es importante que la Junta de Andalucía respete las decisiones que tomemos sobre el entorno de Medina Azahara», defendió, al tiempo que advirtió que «este gobierno municipal no va a ser palmero de la coalición de IU y PSOE» en el Ejecutivo andaluz.
La guinda del debate la puso Rafael Gómez, que como no podía ser de otra forma se puso del lado de los propietarios de las viviendas irregulares. «Lo que a mí me gustaría sería que se atendiese a las familias y a los negocios desesperados de Medina Azahara», sostuvo.
