La empresa imputa el retraso del proyecto al Consistorio y le pide que abone el sobrecoste
La empresa Dragados y Construcciones, constructora del parking municipal de la Plaza Nueva, ha reclamado en Córdoba por la vía de lo contencioso-administrativa una deuda de 850.000 euros de la Entidad Pública Empresarial Local (EPEL) «Aparcamientos de Lucena», una sentencia que podría darse a conocer en tres meses, según fuentes consultadas por ABC.
El concejal de Urbanismo, Miguel Villa, indicó que en octubre de 2010, una vez certificadas y abonadas las últimas partidas de obra del estacionamiento, Dragados presentó dos reclamaciones de daños y perjuicios contra Aparcamientos de Lucena. Se trata de una reclamación de casi 550.000 euros, por el retraso de las obras, que la constructora imputa directamente al Ayuntamiento y de una segunda reclamación de 300.000 euros en aplicación de la cláusula de revisión de precios del contrato, por la que Dragados considera que el retraso derivó en un mayor precio de los materiales y unidades de obra ejecutadas para la construcción del parking.
Según Villa, el consejo de administración de la EPEL, que unos meses antes había desestimado la posibilidad de abrir un expediente sancionador a Dragados, justamente por el mismo motivo, el considerable retraso de las obras, «se vio sorprendido por las millonarias pretensiones económicas de Dragados», y decidió «desestimar las reclamaciones formuladas por la empresa».
La respuesta de Dragados a la decisión de la EPEL fue la presentación de un recurso contencioso-administrativo a mediados del pasado año, que según Villa «ha seguido su curso durante este tiempo y cuya resolución se espera en un plazo de dos a tres meses».
Una difícil relación
La relación entre el Ayuntamiento y la EPEL no fue fácil durante la construcción del aparcamiento, inaugurado en septiembre de 2009. De un periodo de ejecución inicial de 11 meses —uno menos de lo previsto en el pliego de condiciones— se pasó a tres años, con momentos en los que los trabajos estuvieron prácticamente paralizados por diferencias económicas entre las partes.
También hubo importantes diferencias presupuestarias. De los 5,4 millones más IVA iniciales se pasó a una factura final de 8,1 millones de euros, como consecuencia de distintas modificaciones sobre el contrato inicial.
En octubre de 2010, la constructora ya presentó otras dos reclamaciones dinerarias, por valor de 11.748 y 13.600 euros respectivamente, esta vez en concepto de intereses de demora en el pago de sendas facturas, reclamaciones que fueron parcialmente aceptadas por la EPEL.
Estas reclamaciones fueron contestadas desde la EPEL «Aparcamientos de Lucena» con la denuncia de distintas deficiencias detectadas en el aparcamiento y en la pintura utilizada, señalando unos plazos para la subsanación de las mismas iniciales que la empresa no atendió, ante lo cual la EPEL amenazó con hacer efectiva la garantía depositada por Dragados en su día.
Pese a todo, el equipo de gobierno socialista paralizó cualquier decisión sancionadora contra la empresa por el considerable retraso con el que fueron entregadas las obras, encontrando posteriormente la sorpresa de las reclamaciones realizadas por la empresa constructora.




