El 40% de los asesinatos de ETA —314, según datos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional— siguen impunes, sin autor conocido ni sentencia condenatoria. Y si nada lo remedia, otros nueve crímenes se sumarán este año a los 134 casos ya prescritos, sin que sus responsables lo paguen en la cárcel.
Pero una multitud de simpatizantes de Batasuna ignoró esas cifras desgarradoras para las víctimas y tomó esta tarde de sábado el centro de Bilbao para demandar la liberación de los presos de una banda que se resiste a desaparecer del todo y prohíbe entre los suyos cualquier signo de contrición por el daño causado.
«Ya no hay excusas. No caben más demoras», advirtieron los organizadores de la tradicional marcha de enero por los presos de ETA, que sirvió para redoblar la presión sobre el Gobierno del PP para «el regreso de los presos y exhiliados (sic) vascos». Un ejecutivo que hasta el momento no ha dado señales de que vaya a suavizar la política penitenciaria, al menos no hasta que ETA entregue las armas y se disuelva.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska había prohibido expresamente que se aludiera a ellos como «presos políticos» pero los líderes «abertzales», entre ellos Xabier Mikel Errekondo, portavoz de Amaiur en el Congreso, burlaron la orden. No así los convocantes del acto, que se esforzaron por evitar altercados de los manifestantes con la Ertzaintza, y en un comunicado final se mostraron «seguros» de que «el camino será fructífero» para los etarras.
El veterano batasuno Tasio Erkizia —presente junto a Rufino Etxeberria, Joseba Permach o el diputado general de Guipúzcoa Martin Garitano—, avanzaba el viernes que no acudirían «para decir NO a ETA, pero sí a la bota opresora del Estado». A su llamada también acudió el diputado de ERC, Joan Tardá.
El actor Willy Toledo figuró entre las más de 15.000 adhesiones que cosechó la manifestación. Ni PNV ni PSE asistieron, al considerar esta cita “partidista” en beneficio de los intereses de Batasuna. Tanto Iñigo Urkullu como el lendakari, Patxi López, han reclamado en los últimos meses al Ejecutivo central que ponga fin a la dispersión de los presos de ETA y flexibilice su política penitenciaria
