En el Grupo Socialista sigue suscitando muchas dudas que los padres de una menor que aborte no vayan a ser siquiera «informados». Por eso un alto cargo no descartaba ayer a ABC que, en la tramitación parlamentaria, cuando se modifique el artículo 9 para eliminar el «consentimiento» paterno escrito, se incluya al tiempo algún tipo de «conocimiento» del padre y/o la madre. Ayer lo insinuó el ministro de Fomento, José Blanco, a pesar de que a él no le gustaría «que mi hija estuviera en unas circunstancias de tener que interrumpir el embarazo y no lo consultara conmigo».

Los dirigentes socialistas son conscientes de que no sólo los presidentes de Castilla-La Mancha y Extremadura, José María Barreda y Guillermo Fernández Vara, o el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra se han mostrado en contra de eliminar cualquier tipo de intervención paterna. Ayer, el diputado por Granada y miembro de Izquierda Socialista José Antonio Pérez Tapias ratificó su oposición. En privado, otros parlamentarios corroboran la opinión de Tapias. El asunto es que quienes piden, al menos, algún tipo de información a los padres de una menor, chocan con la opinión de parte de la dirección socialista, empezando por Zapatero.

«El problema -advertía un veterano diputado socialista-, es que en la mayoría de los casos las adolescentes de 16 años viven en casa con sus padres y estos siguen siendo sus responsables para multitud de aspectos de la vida ¿Qué pasa si, durante el aborto, surgen complicaciones quirúrgicas? ¿Tampoco va a llamar el médico a los padres?», se preguntaba esta fuente. En la dirección socialista se asiste con cierto asombro al debate y se cree que el Gobierno debe replantearlo porque «los estamos enfocando mal».