Bien entrada la tarde del 11-M las pistas sobre la matanza de Madrid habían comenzado a apuntar a un atentado de origen islamista, pese a que el Gobierno, en boca de su ministro del Interior, Ángel Acebes, insistía en que las principales sospechas recaían en la banda terrorista ETA, sin descartar la otra.

Conforme pasaban las horas, la cúpula policial al mando de las pesquisas era plenamente consciente de que las evidencias apuntaban en sentido exactamente contrario al que decía su jefe político, lo que podía provocar tensiones. En ese contexto, el entonces director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, trasladó una orden tajante a uno de sus hombres de confianza: había que seguir «hasta el final» con la línea de investigación que estaba dando resultados, fueran estos los que fueran y al margen de declaraciones políticas en uno u otro sentido.
Díaz de Mera, pues, daba de esta forma un respaldo total al trabajo profesional de los jefes policiales que dirigían la investigación y todo ello, justo es recordarlo, en un momento en el que desde distintos medios de comunicación se acusaba al Gobierno de mentir.

El director general de la Policía conocía perfectamente el Cuerpo al que mandaba, no sólo por su cargo, sino también porque dos de sus hijos pertenecían a la Institución, en concreto a la Comisaría General de Información, encargada de la lucha contra el terrorismo. Sabía de la profesionalidad de estos hombres, de su preparación y de su capacidad para dar respuesta a un desafío de una magnitud sin precedentes en España. Por ello, no dudó en respaldarles en todo momento.

Precisamente por eso, la sorpresa en la Policía fue enorme al ver cómo cambiaba de actitud al abandonar el cargo. Algunos intentaban justificar su actitud en el hecho de que el ex director general quería ayudar a su partido en un momento delicado. Aun así, algunas declaraciones públicas, en las que sostuvo que la nueva cúpula policial impedía investigar una fantasmagórica relación de ETA con el 11-M, llenaban de estupor no sólo a los actuales responsables del Cuerpo sino, incluso, a los que habían trabajado a sus órdenes.

Sorprendentemente, Díaz de Mera no se detuvo ahí y durante su declaración en el juicio aseguró que una «fuente policial» le había informado de que los jefes de la Comisaría General de Información habían ordenado manipular un supuesto informe en el que se aportaban los datos que apuntaban con fuerza a la conexión etarra. El tribunal le ordenó revelar esa fuente, pero el ex director general se negó, lo que le costó una deducción de testimonio por desobediencia grave a la Justicia. Es decir; se daba la paradoja de que quien fue máximo responsable de la Policía se negaba a colaborar con la Sala que juzgaba el peor atentado de la historia de España.

Agustín Díaz de Mera intentó días después arreglar el desaguisado y culpó al comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, de ser el chivato, el policía que le había contado esa «información». El ex director general tuvo que ver cómo este jefe policial, amigo suyo y hombre especialmente cercano, le desmentía con rotundidad en el juicio. Su crédito se había agotado.