El impuesto para las bolsas de plástico se acerca

El Congreso ha abierto la puerta al Gobierno para que plantee un nuevo impuesto que favorezca la supresión total de las bolsas de plástico no biodegradables, que, según los planes del Ejecutivo, deben desparecer en un 80% en cinco años.

Ayer, la Comisión Europea decidió que, hasta agosto, consultará cuál es la mejor vía para reducir el consumo de bolsas de plástico en la UE. Entre las posibilidades que baraja destacan la prohibición de su utilización, la generalización del recargo, la introducción de un impuesto por su uso o el impulso de bolsas y empaquetados de materiales biodegradables.

Según el acuerdo alcanzado en la Ponencia del Congreso que estudia el proyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados, «el Gobierno elaborará un informe que evaluará el grado de consecución de los objetivos del calendario de sustitución y la conveniencia de implantar medidas fiscales sobre el consumo de las bolsas comerciales de un solo uso» antes del 30 de junio de 2016.

El calendario de sustitución de las bolsas de plástico que prevé el proyecto de ley del Gobierno es el siguiente: el 60%, 70% y 80% antes de 2013, 2015 y 2016, respectivamente.

En 2018, deberá producirse la sustitución de todas, con excepción de aquellas destinadas a contener pescados, carnes u otros alimentos perecederos, para las que se establece una moratoria que será revisada a la vista de las alternativas disponibles. La puesta en el mercado de estas bolsas con posterioridad a la fecha mencionada será sancionada.

A partir del 1 de enero de 2015 las bolsas que se distribuyan incluirán un mensaje alusivo a los efectos que provocan en el medio ambiente. Será el Ministro de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino quien determine el contenido y el formato del mismo.

Sistemas de compensación

Por otro lado, los grupos parlamentarios han acordado incluir en el proyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados una nueva disposición adicional que determine que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la norma, el Ejecutivo, previa consulta a las comunidades autónomas y entes locales, remitirá a las Cortes un texto en el que se establezcan sistemas de compensación e intercambio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero asociadas al sector residuos entre administraciones.

Es más, el techo global de emisiones asociado a tales cuotas deberá ser coherente con los compromisos de reducción de emisiones asumidos por España, según dicta el acuerdo alcanzado.

Además, han consensuado que deben reutilizarse los residuos como materia prima en la fabricación de productos y proporcionar información sobre la puesta en el mercado de aquellos bienes que se convierten en residuos tras su empleo y cómo son gestionados a posteriori. Asimismo, se deberán realizar análisis sobre la repercusión económica del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada en el producto.