España. INMIGRACIÓN: EL RETO DE LA LEGALIDAD

La entrada el próximo 1 de enero de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea (UE) será uno de los acontecimientos determinantes en materia de inmigración del próximo año. En el ámbito interno, este ingreso supondrá que cientos de miles de personas de esos países que hasta ahora estaban en España en situación ilegal verán regularizada su situación; en el conjunto de la UE el cambio más notable será la modificación de las fronteras exteriores comunitarias, con el reto que esto supone en materia de seguridad.

En España, los sindicatos han mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener en el mercado laboral el ingreso de Rumanía y Bulgaria, por lo que pidieron que España implantara una moratoria de dos años para que los ciudadanos de ambos países puedan trabajar aquí sin ningún tipo de restricción. Los temores principales son, por una parte, que los rumanos y búlgaros acepten unas condiciones de trabajo más precarias y que de eso se aprovechen los empresarios para adoptar medidas restrictivas en materia de salarios, estabilidad laboral u horarios; por otra, existe cierta inquietud sobre la posibilidad de que se produzca una «invasión» de ciudadanos de estos países en busca de un empleo y una vida mejo, teniendo en cuenta que su renta per cápita será de las más bajas de la UE.

Rumanía asegura que el temor a esa hipotética «invasión» es infundado, ya que en este momento allí se necesita mano de obra. La economía crece a más del 6 por ciento anual y el ingreso en la UE provocará un indudable progreso, aunque a corto plazo sean necesarios algunos sacrificios.

Pero el ingreso de Rumanía se traduce también en un cambio en las fronteras exteriores de la UE, lo que afecta a la seguridad del conjunto de los países miembros. El Gobierno rumano ha hecho importantes inversiones en este campo y asegura estar preparado para hacer frente al reto. En toda la zona del Mar Negro, ha puesto en marcha un sistema para detectar embarcaciones muy similar al SIVE español, que incluye también un dispositivo en tierra.
Sin duda otra de las claves del año en inmigración será la necesidad de impulsar una política común de la UE en esta materia. España, junto con Francia e Italia ha liderado esta lucha, que sin embargo es vista con recelo por no pocos países. La regularización masiva del Gobierno de Zapatero ha sido utilizada una y otra vez como ariete contra nuestro país cuando ha pedido ayuda: «Si no contaron con nosotros para regularizar a miles de personas, ¿por qué tenemos que pagar ahora las consecuencias de esa política?», se preguntan esos gobiernos.
Incluso, a pesar de que existen indudables intereses comunes en este campo, hay diferencias entre nuestro gobierno y el francés, que ve con recelo el «buenismo» del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y apuesta por una legislación común europea muy restrictiva. La cuestión de la protección de las fronteras es la llave del resto. Por primera vez se ha puesto en marcha un dispositivo común (naval y aéreo), eso sí mermado, tardío y cuestionado. El Frontex de 2006 ha sido la probeta de Europa en África, una zona que necesita de todo salvo experimentos.

Los problemas de fondo para España seguirán una línea de continuidad con respecto a los últimos meses y estarán marcados por el desafío de la legalidad en sus distintas vertientes y afectados. La vulneración de fronteras —marítimas y terrestres— sigue siendo la asignatura pendiente. Ni al aprobado se ha llegado en estos últimos meses con las grandes crisis de los cayucos y las consiguientes giras africanas del Ejecutivo para solucionarlo.
África es aún el «amigo invisible» al que se parchea sin aplicar medidas de calado. Eso es lo que se intentará: volcar la tendencia para que los inmigrantes de las pateras dejen de serlo y acudan con un contrato bajo el brazo, igual que otros extranjeros que nutren el contingente y los distintos sistemas de contratación en origen —hasta ahora en ningún país del África subsahariana se había hecho ese tipo de apuesta—. Las oficinas o ventanillas únicas que el Ejecutivo pretende crear en algunos países canalizarían estas prácticas y simplificarían trámites.
A los bolivianos se les exigirá visado en toda la UE, una medida con la que se espera reducir los irregulares que llegan por los aeropuertos —las mafias ya están buscando otras nacionalidades para colar a sus víctimas—, como ocurrió antes con Colombia y Ecuador. Los suramericanos que ya viven entre nosotros y el resto de inmigrantes —los subsaharianos están aún al margen— tienen su particular desafío, mantener los puestos de trabajo que acreditaron cuando obtuvieron sus permisos. De lo contrario, peligrarían las renovaciones y el sistema en general.