ABC MADRID 27-03-2004 página 4

4 Opinión SÁBADO 27 3 2004 ABC Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca Jefes de área: Jaime González (Opinión) Alberto Pérez (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Mayte Alcaraz (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Pablo Planas (Reportajes- corresponsal político) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA PRESIDENTE DE HONOR: DIRECTOR: Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Ignacio Sanz JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS OTRA VEZ EL ABORTO OMO hiciera en las dos anteriores legislaturas, el PSOE ha anunciado que reformará el Código Penal para despenalizar el aborto practicado durante las doce primeras semanas del embarazo. Actualmente el Código Penal, desde 1985, no sanciona el aborto cuando el embarazo es resultado de una violación, el feto presenta graves taras físicas o psíquicas o la gestación causa iguales riesgos a la madre. En 1997 y en 2001, el PP y parlamentarios de otros grupos rechazaron iniciativas similares del PSOE, cuya finalidad era implantar el aborto libre. Entonces, como ahora, la pretensión del PSOE no respondía más que al impulso ideológico de alterar la escala de valores social y jurídica que aún daba protección, precaria ciertamente, a la vida del ser humano concebido. Lo que ahora plantea el PSOE es suprimir estas indicaciones y sustituirlas por la decisión incondicional de la mujer, lo que implica abandonar la débil cobertura constitucional que tiene el actual sistema, basado en un conflicto de intereses que se resuelve a favor de la madre. El aborto libre que defiende el PSOE choca, en primer término, con el derecho a la vida consagrado por el artículo 15 de la Constitución. El Tribunal Constitucional afirmó en la Sentencia 53 85, de 11 de abril, que ni ésta la vida del nasciturus puede prevalecer incondicionalmente frente a aquellos, ni los derechos de la mujer pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien no sólo constitucionalmente protegido, sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional Esta sentencia, regateando su propia doctrina, acabó aceptando la constitucionalidad de las tres indicaciones despenalizadas en cuanto reflejaban intereses preferentes de la mujer. La propuesta despenalizadora del PSOE ignora esta premisa constitucional y arroja sobre la sociedad una polémica innecesaria, que no responde a ninguna exigencia social, pues si lo que se quiere es extinguir- -no evitar- -embarazos no deseados, las C estadísticas conocidas hasta el momento apuntan a que esa necesidad ya está cubierta con la legislación actual, lo que no es motivo de satisfacción. Según un informe publicado en febrero de 2003, el aborto voluntario había alcanzado el 15 por ciento de los embarazos y entre las interrumpidas se encontraban las gestaciones de casi la mitad de las adolescentes. El principal problema no es, sin embargo, de oportunidad social o de razón jurídica, sino de percepción ética sobre las obligaciones del Estado con la vida humana concebida. Ante el dilema entre aborto y vida, el Estado no puede ser neutral, ni el aborto libre es un ejercicio de neutralidad por el hecho de descansar en la decisión unilateral de la madre- -configuración machista que aleja al padre de cualquier responsabilidad- Tampoco es admisible vender la bondad del aborto como salida de emergencia para los deslices de los jóvenes. El desarrollo de políticas de educación sexual, que defiendan un concepto responsable de la sexualidad, la información sobre procedimientos de adopción, la extensión de ayudas sociales y otras medidas similares deben constituir no el mero acompañamiento del aborto, como propone el PSOE con su ley de salud sexual, sino la alternativa del Estado- -ofrecida a las familias- -para cualquier maternidad conflictiva, porque antes que la calidad de vida hay que reconocer la existencia de la vida, como un bien absoluto que sólo debe ceder en casos de incompatibilidad extrema. El simplismo reduccionista de amplios sectores abortistas sólo ve en la defensa de la vida del nasciturus prejuicios religiosos. La creencia religiosa, en efecto, es una fuente legítima de argumentos frente al aborto, pero ni constituye un prejuicio prescindible, ni es la única fuente de razones. La moral laica también tiene su lógica contra el aborto, y nada más racional que apostar por la vida más indefensa en un Estado que se afirma de Derecho y que eleva los derechos humanos al cénit de su arquitectura constitucional. TORPE ENREDO O es fácil explicar el alboroto que se ha producido a propósito del relevo de un contingente de nuestras tropas estacionadas en Irak previsto para el próximo 21 de abril. En calidad de presidente de un Gobierno en funciones, es decir, de simple gestión, José María Aznar consultó sobre el citado relevo a Rodríguez Zapatero, dado que la proclamada intención del líder del Partido Socialista es la de repatriar totalmente las tropas antes del 30 de junio si previamente la ONU no se ha hecho cargo de la reconstrucción y pacificación de Irak. Los socialistas han entendido que la petición de que su opinión fuera comunicada por escrito representaba una especie de puñalada de pícaro, en la convicción de que cualquier posición que expresaran ahora sobre ese relevo podría descubrir sus intenciones reales sobre la retirada definitiva de nuestros soldados. Se trata de un objeción un tanto infantil que revelaría la inseguridad que le produce al futuro Gobierno el manejo de un asunto cuya solución es bastante menos sencilla de la que se puede expresar en un simple eslogan electoral. José Bono, futuro ministro de Defensa, irrumpió con una comunicación verbal, pero expresada por escrito, en la que informó al actual titular del Departamento de la conformidad de su partido con el anunciado relevo. Con independencia del uso que el Ejecutivo en funciones haya podido hacer de ese documento, su existencia revela una falta de coordinación que preocupa en un Gobierno que ni siquiera ha tomado posesión. Todo apuesta a que el PSOE se ha enredado en una cuestión de gabinete que carece de mucho sentido. Porque, bien mirado, lo que le pedía el Gobierno en funciones, cualquiera que fuera la intención que le animara, no tenía por qué condicionar su posición definitiva sobre la permanencia de las tropas españolas en Irak. El PSOE podría haber respondido formalmente por escrito de dos maneras sin comprometer sus movimientos futuros. Una, la que ha formulado de tapadillo José Bono. Es decir, que se proceda al relevo previsto en abril en el entendimiento en que esa decisión no interferiría en una retirada total en junio. Otra, solicitar que se realizaran todas las gestiones al efecto pero que se aplazara la ejecución efectiva del relevo hasta que el nuevo gobierno tomara posesión, lo que va a ocurrir precisamente por esas fechas. Al final, el PSOE ha tenido que autentificar, por escrito, naturalmente, la comunicación de Bono. Ese viaje no merecía tanta alforja de suspicacia. N UN VETO EQUIVOCADO STADOS Unidos e Israel se han quedado clamorosamente solos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al utilizar Washington su derecho de veto contra un intento de condena del asesinato del jeque Ahmed Yasín. Por más claros que puedan estar los objetivos de cualquier Gobierno en la defensa de sus ciudadanos y la lucha contra el terrorismo, ningún país que se considere democrático debería perder de vista que la grandeza de las sociedades occidentales reside en el escrupuloso respeto de la ley, incluso frente a quienes se consideran enemigos de estos principios. Si Washington no es capaz de moderar el comportamiento del Ejecutivo israelí para contribuir cuanto antes al restablecimiento de las negociaciones de paz en la región, al menos debería abstenerse de respaldar E de forma unilateral hechos como este asesinato extrajudicial, que ha sido condenado universalmente. Gestos como el veto en el Consejo de Seguridad no ayudan nada a fortalecer la coalición internacional que la Casa Blanca necesita para cimentar sus esfuerzos por la estabilidad de Irak. Es más, Estados Unidos precisa en estos momentos- -probablemente más que nunca antes- -articular un consenso a su favor en todo el mundo árabe y musulmán. No se trata solamente de la suerte de la operación militar en Irak, sino sobre todo de su capacidad de emprender la misión histórica de estimular a las sociedades de toda la región para que caminen hacia la democracia y las libertades. Y para ello debería empezar a predicar con el ejemplo.