El hotel El Algarrobico, en una imagen de 2006 - Vídeo: ATLAS

Por qué sigue en pie El Algarrobico, el hotel fantasma de Cabo de Gata-Níjar

Situado en pleno Parque Natural almeriense el Tribunal Supremo declaró, en 2016, el área como ambientalmente protegida no urbanizable

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Situado en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería, a tan solo 50 metros del mar Mediterráneo se sitúa una inmensa mole de piedra que un día soñó con ser un hotel. El Algarrobico, construido al 95 por ciento y paralizado hace 14 años, -en 2005-, tenía previsto acoger a cientos de turistas en sus 411 habitaciones en un inmenso edificio de 21 plantas, sin embargo, la justicia paralizó su construcción por levantarse sobre un espacio protegido que invadía la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

La historia del hotel El Algarrobico se remonta a 1987 cuando se aprueban las Normas Subsidiarias del municipio almeriense de Carboneras y declaran zona urbanizable el terreno sobre el que posteriormente se asentará el hotel. Treinta y dos años después, y tras decenas de denuncias, recursos y sentencias judiciales el edificio de Azata del Sol, continúa en pie. Una «patata caliente» difícil de digerir.

Así está el proceso

En diciembre de 2017, se celebró por última vez la comisión mixta Junta-Estado que debe coordinar la demolición del inmueble y la restauración de la playa, según informa Ep. El último amago de convocatoria se remonta a un año atrás cuando, el departamento que dirige Teresa Ribera, trasladó en una respuesta escrita a Ecologistas en Acción que tiene previsto «convocar próximamente» el foro entre administraciones, si bien nunca se concretó en una fecha para continuar en el diseño de los pasos a seguir para hacer efectivos los objetivos marcados en el protocolo firmado en 2011.

En su última reunión se analizó la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obligaba al Gobierno andaluz, que entonces presidía Susana Díaz, a iniciar un pleito por vía civil para conseguir la inscripción registral a su nombre de las fincas que componen el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel.

Con signo político distinto al frente de la Junta andaluza, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que lidera Carmen Crespo han expresado su «total disponibilidad» para acudir a la cita una vez el ministerio diga dónde y cuándo.

Por otro parte, tras las últimas elecciones de mayo se produjo un cambio de gobierno en la corporación local y aún está sin ejecutar el Decreto de Alcaldía dictado en el pasado mandato que ordenaba modificar «de la forma más rápida» en la memoria del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la calificación de los sectores ST-1 y ST-2 del Algarrobico a suelo no urbanizable de especial protección para así dar cumplimiento a un fallo del TSJA.

Qué reclama la constructora

No es el único pleito que discurre en paralelo con la vía política para abordar la situación generada en torno al hotel de Azata del Sol. En la Audiencia Nacional aún se sustancian los procesos de reclamación patrimonial iniciados por la promotora, que reclama a Ministerio, Junta andaluza y Ayuntamiento de Carboneras más de 70 millones de euros.

En paralelo, también, Azata del Sol ha vuelto a reclamar, en concreto lo hizo en diciembre de 2018, al ayuntamiento los 1,7 millones de euros que pagó a las arcas públicas en 2003 como contraprestación de la compraventa de dos de las fincas sobre las que se levanta el inmueble. Considera que este montante económico debe ser restituido, así como los demás gastos, intereses y «daños y perjuicios sufridos» ya que, en caso contrario, se produciría un «enriquecimiento injusto» a favor del consistorio.

¿Por qué sigue en pie el edificio?

A pesar de las sentencias que declaran ilegal la construcción, el hotel sigue en pie. La promotora del edificio trasladó el pasado mes de febrero un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que asegura que la licencia municipal de obras que se le concedió en 2003 para edificarlo «sigue en vigor» conforme tanto a la normativa urbanística como al planteamiento vigente, por lo que «no puede ser demolido». Desde Greenpeace aluden a la pasividad de las administraciones responsables y lamentan que, «de nuevo esté dormido en algún rincón de la administración, a la espera de una resolución judicial nueva e innecesaria porque el hotel es ilegal e ilegalizable».Según estiman algunas fuentes la demolición del hotel podría costar entre siete y ocho millones de euros.