La Junta deberá pagar 10 millones por el Quixote Crea, de viabilidad no clara

La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo a la que ha tenido acceso Efe y contra la que cabe recurso en la Audiencia Provincial, determina que la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) deberá pagar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cocheras Toledanas 10.375.623 euros por daños y perjuicios y otros 174.979 euros en concepto de intereses.

El Centro Regional de Expresión Artística «Quixote Crea» tenía previsto incluir un teatro-auditorio para casi 700 personas, además de salas polivalentes, reservadas para exposiciones, salas de ensayo y talleres dedicados a la creación artística y partía con un presupuesto de ejecución de 35 millones de euros, si bien el actual Gobierno regional decidió paralizar la obra al inicio de la legislatura.

En los antecedentes de hecho, la sentencia recoge que la empresa demandante pedía una indemnización de 18,9 millones de euros por daños y perjuicios. Asimismo, en los fundamentos jurídicos, el juez recoge que las partes responsabilizan la una a la otra del no cumplimiento del contrato, pues por un lado, la empresa constructora dice que resolvió el contrato por los «continuos retrasos» en los pagos en las certificaciones de obra e incluso impago de dos certificaciones de obra.

Por el otro, la administración argumenta que la empresa no ejecutó las obras en plazo y acusa a la constructora de modificar el proyecto sin autorización y, por lo tanto, de pretender cobrar obra no certificada.

También en los fundamentos jurídicos se determina que un testigo, «fundamental por su objetividad» declaró que «en el primer semestre de 2011 comenzaron los impagos, que había deudas y falta de liquidez, que empezaron a tener problemas de tesorería, y por ello tuvieron que hacer una selección de pagos, lo que evidencia un claro incumplimiento del contrato imputable a Gicaman». Continúa la sentencia que «este incumplimiento de contrato por la demandada - Gicaman- justificaría la suspensión de las obras por parte de la actora -la constructora-» pues considera que «hay dos certificaciones no pagadas y retrasos en el resto de certificaciones».

En total, el juez considera que Gicaman debe indemnizar a la empresa con la inversión realizada de 7,6 millones para construir el aparcamiento y otras dos certificaciones de obra no cobradas, por 1,1 millones y 148.069 euros, más intereses, que en total suman 10,5 millones.

Asimismo, y en relación con el lucro cesante reclamado por la empresa constructora, afirma la sentencia que, «tras las explicaciones del perito no queda clara la viabilidad económica del proyecto, que podría funcionar, sí, pero también podría no hacerlo, dependiendo de múltiples vicisitudes».

« Se plantean multitud de hipótesis y variables , hasta el punto de llegar a calcular el número de cafés que se podrían vender, pero no se aportan datos económicos reales y constatados, tales como futuros contratos para la explotación, ofertas recibidas, acuerdos empresariales frustrados o presupuestos, etcétera».