Lamberto García Pineda declarará el jueves ante el juez Ruz

El juez le citó a la vista del informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que concluyó que el contrato que según Bárcenas otorgó en 2007 a la empresa Sufi a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros, se elevó en 11,3 millones de euros «omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho».

Además de citar a García Pineda, quien también fue concejal de Hacienda y empleo en el Ayuntamiento de Toledo, reclamó a este consistorio para que en el plazo de cinco días le remitiera el acta de la sesión de la junta de Gobierno de Toledo que revisó la adjudicación al alza el 23 de mayo de 2003.

En su informe, la IGAE sostiene que el coste de ese contrato para las arcas públicas pasó en dos meses de 6,13 millones a 17,4 millones de euros por la necesidad de actualizar el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa. La decisión la aprobó la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007 y l a ratificó en noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE.

En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio, Bárcenas vinculó este contrato a una donación de la compañía, filial de Sacyr, para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP «jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha».

El contrato investigado contemplaba la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte al centro de tratamiento en todo el término municipal de Toledo. La Junta de Gobierno de la Ciudad, controlada por el PP, lo aprobó en diciembre de 2006 por un coste de 6,13 millones de euros.

Sin embargo, el 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año y tras un conflicto laboral, el Gobierno local, dirigido por José Manuel Molina (PP),modificó el convenio colectivo de los trabajadores para que se introdujeran «incrementos salariales por encima de los índices de revisión de precios de la concesión», lo que provocó la «modificación del precio del contrato».

Este compromiso se confirmó con un «acuerdo de ejecución y mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión» que el Ayuntamiento de Toledo, gobernado desde las elecciones por el socialista Emiliano García-Page, aprobó el 15 de noviembre de 2007. Entonces se contempló un «sobrecoste» para las arcas públicas de 7,2 millones para los diez años de contrato y 4,1 millones más adicionales para los cuatro de prórroga.