Tras el varapalo del POM, el PP pedirá un informe para saber el coste de la anulación

En realidad, lo que hace el Supremo en un auto muy fundamentado de 25 páginas es ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha , del 26 de julio de 2011. Es decir, que se anula el POM porque no se sacó a información pública una segunda vez, a pesar de haberse introducido modificaciones sustanciales. Y esto, citando un párrafo del auto, supone una vulneración al ser «un trámite esencial por la especial incidencia que tienen los planes urbanísticos en la vida de los ciudadanos, máxime cuando se produce, como aquí sucede, la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana».

La aprobación inicial del POM se hizo en abril de 2007, estando en la alcaldía José Manuel Molina, del PP. Este lo remitió a la Junta, presidida por José María Barreda, del PSOE, quien introdujo unas modificaciones, y al volver el Plan al Ayuntamiento, ya con Page al frente, este lo dio por bueno en un pleno de 31 de enero de 2008, sin sacarlo a información pública. Luego en noviembre se produjo la aprobación definitiva.

Con la sentencia ya firme, ¿qué pasa ahora? El Ayuntamiento de Toledo tiene dos opciones: o acatar la sentencia o gastar el último cartucho. Traducción: acudir al Tribunal Constitucional para que desmonte todas las sentencias previas y les dé la razón. Y ese es el camino que escogerán. Ayer, tras el fallo, tanto el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, como el alcalde anuniciaron que el proceso sigue. ¿Cuánto? Pues según Page, el fallo del Constitucional no llegaría hasta dentro de «un año y medio o dos». Precisamente el alcalde reconoció que la resolución en contra del Ayuntamiento es algo que «teníamos previsto», ya que, a su juicio, «normalmente» el Supremo avala lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia. Pero dejando al margen las creencias, lo que intentó ayer el alcalde es hacer entendible el embrollo judicial.

Dejó claro que lo que se juzga es la forma y no el fondo del POM . «Aunque se pueden abrir muchos debates de fondo, el problema es de forma», dijo. Y en esa forma, de lo que se trata es de dilucidar si la que prevalece es la legislación autonómica o la nacional. Ahí está la clave para entenderlo. El Supremo dice que manda la ley estatal, mientras que el Consistorio intenta que se imponga la autonómica. De ahí las palabras de Page: «Es un problema de competencias. Hay un debate jurídico extraordinario: un choque de interpretaciones entre el Supremo y el Constitucional».

De hecho, en la propia sentencia se puede leer: «el punto de partida de la argumentación del recurso –del Ayuntamiento– se sitúa en la consideración de que la interpretación de la sentencia –del TSJ– es manifiestamente errónea... al dejar de aplicar la norma legal autonómica». Una razón que el Supremo desmonta con la tesis de que «no se trata, pues, solo, de seleccionar una norma estatal desplazando la autonómica, sino de aplicar directamente el precepto constitucional de referencia».

Por otro lado, el alcalde también dejó claro que la decisión de ir al Constitucional es la más responsable. «No hacerlo sería dejar al paciente abierto en la mesa de operaciones», llegó a decir. Y lanzó como advertencia que «si no lo hiciésemos, no se podría seguir con las obras del nuevo hospital, por ejemplo».

Para reforzar esa idea, el alcalde apuntó que «no recurrimos para ganar tiempo, lo hacemos porque nos lo dicen los servicios técnicos». En realidad, si el Ayuntamiento sigue con el proceso es porque tiene la «confianza» de que el Constitucional les dará la razón. No obstante, hace menos de 3 meses, el 12 de diciembre, el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, convocó una rueda de prensa. En ella, expuso el caso de Cadaqués, en Gerona, donde recientemente el Constitucional revocaba las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Supremo, aprobando el POM. Y a eso se agarra ahora el Ayuntamiento. Entonces incluso el concejal se aventuró a decir que con ese fallo podía «sentar jurisprudencia».

Pero si eso no ocurriera en el caso de Toledo, es decir, si el Constitucional ratificara lo que ha dictado el Supremo, Page ya empezó ayer a preparar el terreno. Por si acaso. A quitarse responsablidad, «no soy el padre de la criatura», y pasarle el balón a la Junta de Castilla-La Mancha: «todas las decisiones negativas serían repercutibles al Gobierno regional».

Muy distinta, sin embargo, es la visión de los acontecimientos que tienen en la oposición. Sin ir más lejos, desde el PP municipal pidieron ayer la dimisión de Emiliano García-Page . «Le volvemos a pedir al alcalde responsabilidad política y que dimita porque es muy triste que nos deje como herencia una ciudad lastrada y anclada en el pasado. Ahora sólo espera dilatar en el tiempo este problema para que sean otros los que lo solucionen», dijo ayer el concejal popular, José López Gamarra . Por cierto que el PP reveló también que va a pedir un informe a la Intervención municipal para «comprobar» las consecuencias económicas que la sentencia tiene. «El consistorio tendrá que pagar las costas y asumir todas las consecuencias económicas de los toledanos que llevan años pagando una ilegalidad », expresó Gamarra , quien igual afirmó que «con 200.000 euros que están presupuestados para estudios de planeamiento urbanístico condicionados a la venta de terrenos municipales no hay para empezar».

También atizó a Page el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban. «Es un consumado incapaz en la gestión de los asuntos del Consistorio.... y los tribunales nos dicen día tras día que sus preocupaciones no están sino en sus intereses».

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en Toledo, Aurelio San Emeterio, repartió las culpas de la sentencia: «otra evidencia del estrepitoso fracaso del POM que alumbraron PP y PSOE, que solo le ha costado disgustos a la ciudad». Para San Emeterio, pues, «la única opción responsable es empezar de cero con el POM: que decida la ciudad, no los promotores».