Uteca pide que se elimine la publicidad en las cadenas de TV autonómica

El sector de la televisión privada celebró ayer su jornada de balance anual enviando dos claros mensajes a gobiernos central y autonómicos. Uno, de continuar trabajando, reconociendo los esfuerzos realizados en los últimos meses para clarificar el modelo de financiación de TVE (sin anuncios desde 2010), aunque advirtiendo que se ha de aplicar también a emisoras autonómicas y municipales. Dos, de apoyo al proyecto de ley general audiovisual, pero subrayando que hay que «rematarlo bien» en la tramitación parlamentaria.

El presidente de Uteca y de Telecinco, Alejandro Echevarría, recordó que «en 2010 se podrán ver por término medio en cada capital de provincia 28 canales privados de TDT y 17 públicos, todos con acceso en las mismas condiciones a un mercado publicitario que ha disminuido un 30 por ciento. Es decir, las señales se multiplican por cuatro y la publicidad baja un tercio».

Limitar los contenidos

Echevarría abogó «por que la mayor parte de los preceptos de la Ley Audiovisual tengan carácter de norma básica, reglas publicitarias básicas para las privadas comerciales y gratuitas que no las ahogue en su única fuente de financiación; seguridad jurídica para la renovación de las licencias, y que la televisión pública tenga obligaciones de servicio público, no sobrepuje por los derechos deportivos y sus contenidos sean básicamente nacionales y comunitarios».

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó que en el inminente escenario digital van a aparecer «nuevos soportes y más oportunidades de negocio, tanto para los productores de contenidos como para los suministradores de aplicaciones interactivas. Y para los anunciantes, «que tendrán en las audiencias específicas una brújula eficaz para elevar la rentabilidad de su mensaje».

Como dato se aportó que las TV públicas españolas en su conjunto alcanzaron en 2008 pérdidas de 1.618 millones de euros, antes de computar las subvenciones, lo que supone un coste neto por hogar de 118 euros (según el informe de Deloitte).