Facebook, acusado de tener un sesgo hacia la izquierda en su «tribunal supremo»

Este comité, una suerte de «tribunal supremo», está formado por periodistas, políticos y jueces de reputación internacional. Entre sus nombres, personalidades conocidas como la exprimera ministra de Dinamarca Helle Thorning-Schmidt, la exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Catalina Botero Marino o Alan Rusbridger, director del centro Lady Margaret Hall de la Universidad de Oxford y exeditor del «The Guardian», influyente diario de izquierda británico. Una elección que ha descrito el periódico británico «The Telegraph» como la constatación de un sesgo hacia la izquierda por parte de Facebook.

Todos ellos forman parte de un «Tribunal Supremo» cuya misión será la de moderar los contenidos en Facebook e Instagram, anunció la compañía. La junta desempeñará un papel clave para decidir lo que más de 2.600 millones de personas en todo el mundo pueden y no pueden decir, otorgándole un poder crucial, dándoles poder sobre un grupo que ha protagonizado sonados escándalos en los últimos años. La idea es simple. Thorning-Schmidt y Botero liderarán, junto a dos profesores de derecho estadounidenses, Michael McConnell y Jamal Greene , un equipo que inicialmente está constituido por veinte personas y que será el «juzgado» de última instancia para decidir qué contenidos pueden publicarse y cuáles no en las redes sociales propietarias de la multinacional. Para su funcionamiento, la multinacional destinará unos 130 millones de dólares. Sus miembros recibirán una compensación económica.

La creación de un grupo de supervisión independiente se anunció en 2018 por el propio Zuckerberg para tratar de dar respuesta a las críticas de abuso de poder por parte de la mayor red social del mundo y de arbitrariedad en la moderación de contenidos. Se tratará de un organismo al que acudir cualquier usuario una vez que su caso haya circulado por las distintas instancias anteriores dentro de la red social. Según explican en un comunicado , sus funciones empezarán a entrar en vigor «en los próximos meses» y tendrá un carácter «independiente» cuyas decisiones serán «vinculantes». «Facebook se ha comprometido con el cumplimiento de las decisiones que tomemos y, en caso de que no lo hiciese, como estas serán públicas, tendría un coste reputacional muy alto para la empresa», señaló en un comunicado Botero Marino.

Facebook ha asegurado que los miembros de estos «supervisores» han residido en 27 países y hablan entre todos unos 29 idiomas, aunque una cuarta parte del grupo y dos de los cuatro copresidentes son de los Estados Unidos, donde la compañía tiene su sede. También forman parte el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, András Sajó, la Directora Ejecutiva de Internet Sans Frontières, Julie Owono , la activista yemení y Premio Nobel de la Paz Tawakkol Karman o el investigador australiano de la gobernanza de internet Nicolas Suzor.

Nick Clegg , responsable de asuntos globales de Facebook y exlíder del Partido Liberal Demócrata, ha asegurado en una conversación con Reuters que la composición de esta junta era importante, pero que su credibilidad se va a obtener con el tiempo. «No espero que la gente diga, 'Aleluya, son grandes personas, va a ser un gran éxito'. No hay razón por la que alguien deba creer que será un gran éxito hasta que realmente comience a escuchar casos difíciles en los próximos meses», dijo.

La plataforma también se ha criticado en el pasado por regirse por ideas conservadoras y ha manifestado en anteriores ocasiones su oposición a la senadora demócrata Elizabeth Warren, que defendió la necesidad de trocear Facebook para evitar actividades monopolísticas. Las reglas de uso de Facebook, que se aplica a todos sus servicios como Instagram, prohíben, entre otras cosas, publicaciones violentas, discursos extremistas, imágenes sexuales. Cuenta con una combinación de tecnología de revisión automática basada en Inteligencia Artificial y grupos de revisores humanos que determinan si una publicación debe ser eliminada.

Una función que en muchas ocasiones ha despertado el fantasma de la censura y que ha sido acusada de subjetiva. De ahí que florezcan críticas duras por parte de muchos usuarios, que ahora podrán apelar a un «tribunal» que, pese a su vocación independiente, formará parte de la la empresa estadounidense. En el momento de evaluar cada caso y emitir un dictámen, la junta tendrá en cuenta tanto las políticas de uso de la compañía como «las normas internacionales de derechos humanos por lo que respecta a la liberta de expresión», así como al «impacto sobre los usuarios y la sociedad».