Europa trata de impedir que Google acapare el futuro mercado único digital

La resolución aprobada este jueves en el Parlamento Europeo pidiendo que ese desarrollo del mercado único se haga en condiciones de imparcialidad debe entenderse en este sentido y, aunque no se mencionaba la palabra «Google», los autores tenían en mente el problema que supone abrir semejante espacio de negocio para una empresa que copa todos los sectores comerciales en internet y almacena una cantidad inimaginable de datos.

«Creo que debemos utilizar mucho mejor las grandes oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales, que no conocen fronteras. Para ello, tendremos que tener la valentía de romper los compartimentos nacionales en materia de regulación de las telecomunicaciones, de legislación de derechos de autor y protección de datos, de gestión de las ondas de radio y de aplicación del Derecho de la competencia», ha dicho Juncker en su declaración de intenciones al comienzo de esta legislatura.

El presidente cree que este objetivo podría suponer hasta 250.000 millones de euros de crecimiento económico adicional a lo largo de los próximos cinco años y grandes beneficios para los consumidores, que verían desaparecer cosas como el roaming telefónico o los obstáculos para descargar o disfrutar de servicios audiovisuales con independencia del lugar de residencia. Con un mercado único digital, Juncker afirma que «podemos crear unas condiciones de competencia equitativas gracias a las cuales todas las empresas que ofrezcan sus bienes o servicios en la Unión Europea estén sujetas a las mismas normas en materia de protección de los consumidores y protección de datos, con independencia del lugar en que se encuentre su servidor».

La expansión horizontal del mercado europeo es el mundo perfecto para Google. Por ello, en la resolución le pedía la Comisión que en este camino hacia la creación de un mercado único digital, tenga en cuenta que «el mercado de las búsquedas en línea es de particular importancia para garantizar las condiciones de competencia, dado el potencial de desarrollo de motores de búsqueda y la posibilidad que tienen de comercializar la explotación secundaria de la información obtenida».

La resolución aprobada se ha conocido porque esgrime la opción de que la Comisión pudiera optar por trocear al gigante de las búsquedas -la «separación de los motores de búsqueda de otros servicios comerciales», tal como se ha descrito- como medio para garantizar la competencia en el desarrollo del nuevo mercado digital. Aunque puede que estas iniciativas lleguen tarde porque, como explica el eurodiputado convergente Ramón Tremosa, uno de los promotores de la resolución del Parlamento Europeo, Google «ya tiene una cuota de mercado del 90% en muchos Estados miembros y con eso puede dar un tratamiento preferente a sus propios servicios».

Hasta ahora, la Comisión mantiene abierto un expediente por abuso de posición dominante desde 2011 y los tres intentos de llegar a un acuerdo no han tenido éxito. La Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA, en la que está asociada la AEDE española) ha sido uno de los actores que ha mantenido viva la presión sobre la Comisión , a la que ha pedido que no acepte ninguna de las soluciones parciales que proponía Google.

El Ejecutivo comunitario tiene la experiencia de su batalla contra Microsoft por su monopolio en los navegadores, que se saldó con varias multas de cientos de millones de euros. Si Bruselas se atreviese a multar a Google sería sin duda una decisión histórica, no solo por los 4.600 millones de euros que podría suponer la sanción, sino porque abriría sin duda un pulso jurídico-político de dimensiones desconocidas.

La decisión del Parlamento Europeo tiene que ver también con el hecho de que la UE negocia en estos momentos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que crearía la mayor área de integración económica del mundo, y la más rica, con diferencia. Google tiene más fuera al otro lado del Atlántico, como demuestra el hecho de que un grupo de congresistas haya enviado una carta a los grupos políticos del Parlamento Europeo protestando por la aprobación de esta resolución, que de todos modos no tiene ningún valor legal.