Uber: ¿ilegalidad o consumo colaborativo?

Los taxistas de Barcelona han sido los primeros en sacar las garras ante lo que consideran un claro abuso por parte de la empresa norteamericana. Según el colectivo, Uber se lucra «de forma ilegal» y, lo que es peor, «poniendo en serio peligro la seguridad del ciudadano». Así lo asegura Luis Berbel, presidente del Sindicato de Taxistas en Cataluña (STAC) y que explica a ABC que «mientras el taxista necesita, entre otras muchas cosas, una licencia y un vehículo determinado, Uber consigue grandes beneficios sin cumplir con ninguna de las condiciones a las que nuestro sector tiene que ajustarse». Berbel, además, recalca que la compañía vulnera «descaradamente» la normativa en tanto que «permite que cualquier persona con un vehículo privado pueda transportar pasajeros, con el peligro que ello supone».

El Ayuntamiento de Barcelona ya se ha posicionado al respecto y ha dado la razón al gremio con la apertura de un expediente a Uber por su «supuesta actividad irregular». A partir de ahora, la Generalitat controlará las actividades de la empresa e interpondrá una multa de 2.000 euros a todo servicio de transporte que no opere con las licencias oportunas. Con la decisión, Cataluña sigue los pasos de países como Bélgica, donde la actividad de Uber también ha sido vetada.

La decisión de Bruselas ha sido, no en vano, duramente criticada por la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, para quien el mazazo legal a Uber tiene como fin último proteger a los taxistas, algo de lo que difiere el presidente del STAC, quien considera que, en realidad, la prohibición protege al ciudadano, cuya seguridad está en tela de jucio: «el usuario debe utilizar siempre vehículos con licencia y en los que esté asegurado en caso de accidente. Además, la decisión también protege al cliente en lo que al precio se refiere, pues mientras el taxi tiene unas tarifas establecidas, en Uber el ciudadano nunca sabrá cuánto le cuesta el servicio». [Lee aquí la reflexión de la vicepresidenta de la CE]

No solo el sector del taxi ha mostrado su preocupación por la buena acogida de Uber en Barcelona. Cabify , una «startup» española cuyo servicio es similar al prestado por la compañía norteamericana aunque, eso sí, en el marco de la legalidad, también ha cargado duramente contra lo que considera una «burla al usuario». En concreto, Cabify permite al ciudadano solicitar un vehículo de alta gama aunque a precios bastante competitivos, algo con lo que la empresa ha logrado convertirse en tiempo récord en uno de los grandes enemigos del taxi en Madrid y Barcelona.

No obstante, y como explica a ABC el portavoz de la compañía en España, Juan de Antonio, el crecimiento de Cabify en nuestro país se está viendo limitado por la escasez de licencias en Madrid y Barcelona para este tipo de servicios y que en España son imprescindibles para trabajar conforme a la regulación. «El sector del transporte está excesivamente regulado en España con el fin de garantizar un servicio de calidad. La tecnología, no obstante, ha abierto la puerta a mecanismos de transporte más cómodos y eficaces que, sin embargo, no triunfan cómo deberían debido a unas normas tan cerradas como las existentes».

A lo que Juan de Antonio se refiere es a las licencias VTC, que autorizan el uso de vehículos con conductor para el transporte de viajeros y que, como admite el portavoz de Cabify, escasean en las grandes ciudades españolas. «En Madrid solo contamos con una licencia VTC por cada 30 taxis, algo que limita muchísimo nuestro crecimiento. Hay países, sin embargo, en los que al no estar limitado el número de licencias hemos podido crecer una media del 45 % mensual».

Visto el problema de la escasez de licencias, ¿qué opina Cabify de que una empresa como Uber, que opera sin estas autorizaciones, esté hoy por hoy en la cima del éxito? «Lo que hacen es ilegal y puede tener consecuencias graves —alerta Juan de Antonio—. Si alguien monta en un vehículo de esta compañía y tiene un accidente, es posible que el seguro no le cubra absolutamente nada. Ya no es solo que Uber sea una opción ilegal, sino que ni siquiera es ética desde el momento en que se pone en peligro la integridad física de conductores y pasajeros».

En Madrid, Cabify cuenta con la mayoría de licencias para vehículos privados de transportes de pasajeros. El número total, que en la región asciende a 600, es del todo insuficiente para un servicio que, en palabras de su portavoz, nace como alternativa al convencional taxi. «Lo que Uber hace es probar suerte en España poniendo en circulación vehículos que, ante el silencio de los reguladores, operan a sus anchas. Para la compañía esto es solo un juego, pues si en algún momento hay algún problema, abandonará España y dejará el pufo a sus conductores».

ABC se ha puesto en contacto con Uber para conocer su opinión acerca de las críticas vertidas por sus detractores así como de la decisión de la Generalitat de poner coto a su actividad en Barcelona. Anna Aguilar, responsable de prensa de la compañía en España, asegura que la empresa «está abierta al diálogo con las autoridades para aclarar la situación». «Uber es una empresa de tecnología que ofrece soluciones inteligentes para la movilidad urbana, no se dedica al transporte de viajeros sino que pone en contacto a particulares con particulares para que se beneficien mutuamente».

En opinión de la responsable, la idea de considerar a Uber como un servicio de transporte como puede ser el del taxi es totalmente errónea. «Nuestra actividad se centra en crear comunidades de usuarios que se ponen en contacto entre ellos». En cuanto a la seguridad, principal argumento de los más críticos con Uber para tirar por tierra la aplicación, Aguilar aclara que la empresa analiza escrupulosamente tanto a los conductores contratados como los vehículos con los que presta servicio, una cuestión que desde Cabify no tienen del todo clara: «¿De verdad asegurará una compañía a un vehículo que opera de forma ilegal?».

Eduard Ràmia, gerente del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) , no duda en responder a la portavoz de Uber que «para el transporte público de personas es necesario tener una autorización y un carnet habilitante y, en consecuencia, sin él es ilegal cualquier tipo de actividad en el sector». Uber —dice Ràmia— «carece de una autorización para ejercer como empresa mediadora de transporte público. Aún más, las personas que se vinculen con esta empresa para hacer este tipo de actividad también estarán infringiendo la ley ya que para trasladar a personas de un lugar a otro con remuneración económica se requiere un permiso».

Albert Cañigueral, fundador del blog Consumo Colaborativo y coordinador para los países de habla hispana de la plataforma OuiShare, admite también los actuales problemas de Uber con las licencias de transporte aunque afirma que las complicaciones terminarían si la empresa operase de forma alegal: «Solo habría que sustituir los pagos por donaciones» apunta Cañigueral, que subraya la necesidad de aprovechar las ventajas de la economía colaborativa.

«La regulación en el transporte de viajeros es excesiva. Uber ha roto los esquemas tradicionales y el miedo en el sector es evidente, pero la solución no es prohibirlo, como dice la vicepresidenta de la CE. Estamos acostumbrados a que los ciudadanos sean consumidores, pero ahora se están convirtiendo también en productores y se prestan servicios los unos a los otros, algo que por el momento no encaja bien en un sistema tradicional. En EE.UU., Uber ya se ha aliado con otras empresas similares, como Sidecar o Lyft para tener un seguro especial que cubra a sus pasajeros, resolviendo así el principal problema del que se quejan en España».

Carlos Lascorz, responsable en Barcelona de Hailo , una exitosa herramienta que permite pedir taxi desde el mismo «smartphone» y sin apenas tiempos de espera —en Madrid puede tener un vehículo en la puerta de casa en menos de cuatro minutos— opina que la polémica en torno a Uber contribuye a retratar al sector del taxi como un gremio «excesivamente tradicional y atrasado». Como Uber, Hailo —explica Lascorz—, conecta a pasajeros con conductores, en este caso taxistas, una opción legal «y que está dando al sector el empujón que necesitaba».

Aunque Lascorz elude pronunciarse sobre otras empresas, sí apunta que la «app» norteamericana opera al borde la legalidad para conseguir sus objetivos. «Las nuevas tecnologías pueden dar lugar a nuevos mecanismos de transporte, pero creemos que el servicio del taxi en España es de los mejores de Europa y que los avances tecnológicos pueden contribuir a defender un taxi de calidad y que satisfaga las nuevas expectativas del ciudadano. En Hailo estamos modernizando a marchas forzadas un sector tradicional pero, eso sí, cumpliendo la legilación. No hay otra vía».