La aportación de 30 millones del Estado, clave para el Mobile World Congress de Barcelona

En plena escalada soberanista en Cataluña, las palabras del Don Felipe no fueron casuales, un comentario que responde a la realidad de un congreso retenido para España gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno del Estado. Las tres administraciones aportan cada una 30 millones de euros (cinco cada año hasta 2018) para desarrollar los proyectos de la llamada Barcelona Mobile Capital, bajo cuyo paraguas se celebra el congreso inaugurado ayer y que designa la ciudad como referente internacional de la tecnología móvil.

Aunque Fira de Barcelona (cuyas instalaciones acoge el congreso y cuyo consorcio integran el Ayuntamiento, la Generalitat y la Cámara de Comercio) no paga para albergar el MWC, la designación de Barcelona como «mobile capital» sí resultó determinante para que el congreso se quedase en Barcelona hasta 2018. Una renovación que se logró en 2011 y por la que Fira, junto a las administraciones catalanas y el Estado, lucharon a brazo partido en liza con París, Munich y Milán.

La «colaboración institucional» a la que aludía Don Felipe permitió armar una candidatura de gran solidez, reconocen a ABC fuentes directamente implicadas en el proceso, lo que, junto al atractivo de Barcelona como ciudad de negocios, convenció al GSMA (el consorcio que une a los operadores de móvil mundial y organizadora del congreso) para renovar su confianza en Barcelona.

La participación directa del Estado se vehicula a través de los 30 millones antes apuntados para la «capitalidad», además de arbitrar las ayudas indirectas - exenciones fiscales relacionados con el impuesto sobre sociedades, IRPF, impuesto sobre transmisiones patrimoniales e impuesto sobre actividades económicas- que reciben las empresas que participen en el proyecto. «Se trata de un compromiso que había adquirido el Gobierno de la nación, junto con las otras instituciones que participan», destacó en su momento el ministro de Industria, José Manuel Soria, antes de llevar las medidas al Consejo de Ministros.

A la colaboración entre todas las administraciones para convencer al GSMA se sumaron otras aportaciones nada desdeñables, como el pacto alcanzado entre la organización y el Gremio de Hoteles para bloquear hasta 26.000 habitaciones a unos precios que año tras año no pueden escalar más que la inflación. Otra cosa son los precios exorbitados que se alcanzan fuera de acuerdo durante los días del congreso, una muestra en cualquier caso del impacto que sobre la ciudad tiene el MWC. Según cálculos de Fira, un retorno de 350 millones, además de intangibles como el de la proyección internacional.

Con estas cifras, no resulta extraño que el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, pretenda que la relación con el Congreso perdure más allá de 2018 , una relación también en beneficio de España armada sobre una entente institucional, aquí sí, a prueba de soberanismo.