Bruselas investiga el control de acceso de Amazon y Microsoft a sus servicios en la nube

Amazon Web Services (AWS) y Azure de Microsoft son las dos empresas más importantes en el marco de los servicios digitales en la nube, seguidos ambos por Google, que en esta caso no está siendo objeto de esta investigación.

La medida se produce en medio de tensiones con el presidente norteamericano Donald Trump, que ha amenazado con implantar aranceles contra los países que intenten regular fiscalmente a las multinacionales de Estados Unidos.

Con este paso, se abre un periodo de doce meses para que Bruselas evalúe la situación y tome una decisión al respecto. Si confirma que considera a ambas compañías guardianes de acceso a estos servicios, supondrá que Amazon y Microsoft deberán ajustarse a las obligaciones previstas en el marco de la DMA en un plazo de seis meses.

Noticia Relacionada

Apple alcanza los 4 billones de dólares de capitalización, tras Nvidia y Microsoft

La compañía ha llegado a alcanzar un máximo intradía de 269,87 dólares

En un comunicado, la vicepresidenta encargada de competencia, Teresa Ribera, ha reconocido que en la Comisión prevén «analizar si es necesario actualizar la normativa vigente de la DMA para que Europa pueda mantenerse al día con las prácticas en rápida evolución del sector de la nube», lo que se ha interpretado como el reconocimiento de que podrían suavizar sus objetivos para evitar una confrontación directa con la casa Blanca.

Un portavoz de Microsoft afirmó que la empresa estaba dispuesta a colaborar con la investigación pero al mismo tiempo advirtió al ejecutivo comunitario de que «designar a los proveedores de servicios en la nube como intermediarios no justifica los riesgos de frenar la innovación o aumentar los costes para las empresas europeas».

Según la DMA, las empresas con más de 45 millones de usuarios activos mensuales y una capitalización bursátil de 75 000 millones de euros se consideran intermediarios que prestan un servicio de plataforma esencial, lo que les obliga a garantizar la interoperabilidad de sus servicios con los de la competencia sin favorecer sus propios servicios sobre los de sus rivales. La Comisión afirmó que pretende terminar esta investigación en un plazo de 12 meses. En caso de que se considere que han infringido la ley, las multas pueden llegar hasta el 10 % de su facturación global anual.