El Gobierno tendrá una Ley de Acceso a la Información antes de fin de año

La ley de transparencia incluye una autoridad independiente que vigile el cumplimiento de una norma que puede transformar la democracia española

BORJA BERGARECHE | MADRID
Actualizado:

La ley de acceso obligará a las administraciones a publicar en internet todo tipo de datos relevantes

Un órgano independiente velará por el cumplimiento de la ley

En EE.UU., las agencias federales reciben 600.000 demandas de acceso al año

En México, el Gobierno tuvo que hacer pública la nómina del presidente Vicente Fox tras la entrada en vigor de la ley

«La luz del sol es el mejor desinfectante». Esta célebre frase escrita en 1914 por el juez estadounidense, Louis D. Brandeis, es todavía el mejor resumen de por qué un gobierno debe ser transparente. Y lema de una filosofía que podría revolucionar la vida administrativa española si el gobierno cumple con su propósito de presentar al parlamento una Ley de Acceso a la Información antes de que acabe el año. Según explican a ABC fuentes de Moncloa, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene ya en marcha un borrador del proyecto legislativo que contempla el establecimiento de una institución independiente que vele por el cumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones de transparencia que impondrá la ley, una reivindicación habitual de los grupos pro acceso.

Peticiones ciudadanas

El anteproyecto en marcha en la Vicepresidencia Primera del Gobierno establecerá además un plazo dentro del cual la Administración deberá responder a una solicitud de un documento por parte de cualquier ciudadano y, sobre todo, la obligación de suministrar ciertas informaciones y de actualizarlas a través de páginas web, sin necesidad de una demanda concreta. «Trabajamos en un proyecto de ley que nos igualará a la normativa de las democracias más avanzadas», aseguran desde Moncloa.

España parte con retraso en este terreno: en el mundo hay más de 80 países con leyes de este tipo, entre los que figuran 23 países miembros de la Unión Europea. En Estados Unidos, la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés), en vigor desde 1966, generó el año pasado unas 600.000 solicitudes de documentos, de las que emerge una ingente cantidad de información que es recopilada en la web www.data.gov, dinamita para historiadores, periodistas y ciudadanos curiosos. Solo el FBI recibe 8.000 solicitudes al mes, fruto del irrefrenable deseo de saber si uno figura -junto a personajes como John Lennon- en la lista de espiados por la agencia policial. El departamento de Estado, por su parte, tenía, en 2008, 132 funcionarios -en su mayoría diplomáticos retirados- para atender doce millones de solicitudes. «Un gobierno más abierto y transparente conduce a una Administración más eficaz», explicaba a ABC esta semana en Madrid Marc Rotenberg, director del Centro de Información de Privacidad Electrónica (EPIC) de EE.UU.

En su primer acto como presidente, Barack Obama firmó el pasado 21 de enero tres memorandos sobre acceso que constituyen una declaración de ruptura con el estilo de gobierno más secretista de su antecesor: «La FOIA debe administrarse con una presunción clara: en caso de duda, prevalece la transparencia. El Gobierno no debería mantener información como confidencial por el mero hecho de que vaya a poner en evidencia a funcionarios públicos o porque se saquen a la luz errores y fracasos». En EE.UU., explica Anita Allen, decana de Derecho de la Universidad de Pensilvania, «la ley de acceso ha demostrado ser una herramienta poderosa y eficaz para los grupos de consumidores, los grupos de derechos humanos, la prensa y la ciudadanía en general».

Un punto de partida revolucionario en un país tan opaco como España. «Una ley de acceso es clave porque en España hay un oscurantismo estructural, las instituciones no han asumido que están al servicio del ciudadano y no viceversa», declara Magis Iglesias, periodista de Colpisa y presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE). «Los periodistas en el ámbito local tienen que pelear a menudo por documentos que por defecto deberían tener los ciudadanos, y los partidos operan con la financiación pública que reciben como entidades privadas. ¿Por qué no podemos conocer el sueldo de Luis Bárcenas en el PP?», se pregunta Iglesias, que ha recibido la promesa de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega de ser «informados y consultados» sobre la ley de acceso en marcha.

Queja de las ONG

Como curiosidad, una de las consecuencias de la entrada en vigor de la ley mexicana de acceso fue la publicación de la nómina salarial del presidente Vicente Fox, a raíz de una solicitud de acceso (www.infomex.org.mx). En España, el pasado 24 de septiembre, Access Info Europe y otros miembros de la Coalición pro acceso (un grupo de expertos y ONGs pro transparencia) enviaron una carta al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta, Fernández de la Vega, en la que solicitan un desarrollo «transparente y participativo» de la ley.

Helen Darbishire, directora en Madrid de Access Info Europe, expresa su «enfado»por no haber recibido aún respuesta del Gobierno. «No puedo creer que en una sociedad democrática un gobierno prepare una ley de transparencia sin consultar a la sociedad civil. Ni siquiera ocurrió en Albania en los 90», se lamenta.