La Generalitat dice que está «orgullosa» del CAC y avala su «independencia»
Siete de los diez consejeros tienen carné de partido y han sido diputados autonómicos, alcaldes o senadores
«Cataluña debe sentirse orgullosa de contar con una entidad independiente como el CAC», proclamó ayer la portavoz del Gobierno catalán y consejera de Justicia, Montserrat Tura. La consejera socialista respondía así a las críticas desde prácticamente todos los ámbitos por la resolución del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) en el primer concurso de adjudicación de frecuencias en el que la institución tenía potestad para decidir las adjudicaciones.
Tura negó que el Gobierno catalán haya tenido alguna participación en la adjudicación de 83 licencias de radio, que ha beneficiado básicamente a Grupo Godó y Planeta al tiempo que retiraba licencias a Punto Radio, COPE y la SER -este grupo ha recibido dos nuevas licencias pero también ha perdido tres-. La consejera ironizó con que «es habitual» que se reclame independencia a los organismos públicos y cuando sus decisiones no gustan se señale al gobierno de turno para exigir responsabilidades, pero advirtió de que «tenemos que respetar la independencia, del CAC, y decir que la propuesta de adjudicación de frecuencias está basada en el rigor».
Bajo perfil profesional
Sin embargo, lo cierto es que la composición del CAC tiene mucho que ver con los grupos parlamentarios que dan apoyo al tripartito, y muy poco con profesionales de los medios de comunicación. Siete de los diez consejeros tienen carné de partido y han sido diputados autonómicos, alcaldes o senadores.
Tanto su presidente, Josep Maria Carbonell, como su vicepresidente, Dom_nec Sesmilo, son ex diputados autonómicos, el primero por el PSC y el segundo por CiU.
El tercero en el escalafón, Santiago Ramentol, propuesto por ERC, fue director general de Medios Audiovisuales en el primer Gobierno tripartito, bajo el mando de Josep Lluís Carod-Rovira primero y de Josep Bargalló después. Un cargo desde el que ya puso las bases de la actual redistribución de frecuencias de radios y televisiones locales, puesto que la Dirección General de Medios Audiovisuales era la responsable de la concesión de licencias de ámbito local en la Generalitat, antes de que se traspasara esta potestad al Consejo Audiovisual.
También son ex diputados autonómicos Dolors Comas (ICV), Josep Micaló (CiU), Esteve Orriols (CiU), Josep Pont (CiU). La consejera Elisenda Malaret, por su parte, fue diputada en el Congreso por el PSC durante la última legislatura.
Así, además de Ramentol, -que es doctor en Comunicación y profesor universitario pero provenía del Gobierno tripartito- los únicos que tenían experiencia previa en medios de comunicación son Rafael Jorba, nombrado a propuesta del PSC, y Fernando Rodríguez Madero, propuesto por el PP en 2000.
Éste último sin embargo, que también fue diputado, en este caso por el PP, ha sido cuestionado por la nueva dirección popular, ya que fue propuesto durante el mandato de Josep Piqué. Se da el caso, además, de que Rodríguez Madero tuvo relación profesional tanto con Onda Rambla como con la Cadena COPE, y dejó ambos medios de comunicación por desencuentros con sus direcciones. Este consejero es el único que, gracias a los cambios legales, ha prorrogado su mandato y cumplirá diez años como miembro de este órgano.
Los mandatos son, en todos los casos, de seis años, no renovables. Los miembros del Consejo están sometidos a un régimen de incompatibilidades que les impide tener intereses, directos o indirectos, en empresas audiovisuales, de cine, de video, de prensa, de publicidad, de informática, de telecomunicaciones o de internet.
La ley audiovisual catalana otorgó en 2005 amplias competencias al CAC, cuyos consejeros cobran alrededor de unos 100.000 euros al año. Tienen potestad reglamentaria, sancionadora e inspectora sobre los medios audiovisuales de ámbito autonómico. Y no sólo sobre cuestiones técnicas, sino también sobre los contenidos, como ayer se encargó de recordar Tura, al señalar que forma parte de sus atribuciones velar porque el contenido de los medios audiovisuales «sea deontológicamente correcto».
De hecho, esta ley -que fue aprobada en el Parlamento autonómico con el voto de todos los partidos menos el PP y posteriormente recurrida por el Gobierno- regula una serie de requisitos de «servicio público» que, en la práctica, fueron interpretados por buena parte del sector como la legalización de una suerte de censura sobre los contenidos.
Control de contenidos
Así, la Ley del audiovisual catalana establece que el CAC debe velar por la veracidad de la información, la separación entre opinión e información, el respeto a los derechos de la infancia y a la dignidad de las personas y la no incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. Esta ley rige sobre un total de 96 emisoras locales de televisión, públicas y privadas, unas 200 emisoras de radiomunicipales y más de 70 radios locales privadas, además de los contenidos en las desconexiones en Cataluña de las cadenas de ámbito estatal.
El futuro Consejo Audiovisual español pretende emular el funcionamiento del CAC y, de ahí, la alarma existente en el sector audiovisual, que quedaría en manos de un organismo con capacidad para retirar frecuencias de forma arbitraria, que es lo que ocurrió el pasado viernes, poco después de que ERC propusiera un «cordón sanitario» contra ABC por haber divulgado los gastos suntuarios de sus dirigentes.
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