Vox se queda solo en el Congreso al rechazar el resto de grupos su enmienda a la totalidad a la ley de Paridad

El proyecto de ley del Ejecutivo obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. La norma, que actualiza otra de 2007, se había aprobado ya en segunda vuelta y remitido al Congreso en la pasada legislatura, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales.

Según la enmienda de Vox, la intención del Gobierno con esta ley «no es más que ahondar en su tendencia de aprovecharse torcidamente de las instituciones y de las leyes para avanzar en un propósito nivelador que responde a cuestiones meramente ideológicas y, por tanto, en nada mejora la igualdad real entre los españoles».

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E. Montañés

También expone que el texto va «en contra» del principio de igualdad que la Constitución Española defiende en su artículo 1.1 y 9.2 y que también vulnera la Carta Magna en sus artículos 14 y 23.2 sobre el derecho a la igualdad entre todos los españoles y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha defendido la ley, ha explicado que se trata de «romper los techos de cristal, que todavía persisten», así como de «avanzar» de forma «real» en la «igualdad efectiva» entre hombres y mujeres y de cumplir con el mandato constitucional y europeo.

«La paridad no es una concesión graciosa, porque las mujeres ya están en plena igualdad de condiciones, en plena igualdad de méritos y capacidad para acceder a los puestos de poder y toma de decisiones. Se trata, por tanto, de hacer justicia, no concesiones», ha expuesto.

Igualmente, la titular de Igualdad ha cargado contra la formación de Santiago Abascal, que, a su juicio, «niega la violencia de género» y que «allí donde gobierna reduce los presupuestos en igualdad y suprime las consejerías y las concejalías de igualdad».

«Este es un proyecto de ley justo porque incorpora la representación equilibrada por la que ningún sexo esté sobrerrepresentado en más de un 60%, Ni infrarrepresentado en menos de un 40% en todos los niveles de toma de decisiones a nivel de la Administración General del Estado, de los órganos constitucionales, a nivel social y también a nivel empresarial y económico», ha recalcado.