Vox pide la comparecencia de la consejera catalana de Educación ante el Parlamento europeo por los ataques al castellano

Lo que Vox define como «deriva totalitaria del separatismo en materia educativa» ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el partido. En diciembre de 2023, una delegación de eurodiputados visitó Cataluña para evaluar la situación del derecho de las familias a recibir educación en español y la compatibilidad del modelo de inmersión lingüística con los principios de multilingüismo, no discriminación y Estado de derecho.

El informe resultante de esta misión exigió a la Generalitat garantizar la enseñanza en español, establecer un diálogo real con las familias afectadas, eliminar la discriminación contra los alumnos hispanohablantes y respetar las sentencias judiciales que imponen un mínimo de enseñanza en español.

«Sin embargo, lejos de acatar estas recomendaciones y actuar conforme a los principios de la Unión Europea, la Consejería de Educación, liderada por Esther Niubó, ha redoblado su ofensiva contra el español en las aulas. Su Consejería ha impuesto sanciones a los centros educativos que han intentado ofrecer educación bilingüe, ha aprobado normativas que restringen aún más el uso del castellano y ha menospreciado las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que exigen al menos un 25% de enseñanza en español», denuncia el partido.

«Su política no solo ataca los derechos lingüísticos de miles de niños, sino que busca la erradicación total del español en el ámbito educativo como parte de la estrategia de ruptura del separatismo», añaden.

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En este sentido, Vox denuncia que este «atropello» no solo es una «violación flagrante de los derechos de los españoles en Cataluña, sino un desafío a la legalidad europea y un desprecio absoluto al Estado de derecho».

Por ello, apuntan, «exigimos la comparecencia de Esther Niubó ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que rinda cuentas por su gestión sectaria, su negativa a respetar las resoluciones judiciales y su ataque a los derechos lingüísticos de los catalanes».