Las víctimas del amianto piden al Gobierno más indemnizaciones y menos «marañas burocráticas»

Las personas expuestas al amianto no conocían el peligro de la exposición a estos materiales, que pueden provocar enfermedades como el cáncer de pulmón. «Se tendría que haber prohibido hace cinco décadas, cuando se conocía el perjuicio para la salud», afirma Sordo. Ahora, las víctimas «necesitan una solución», aunque en la mayoría de casos sea «un mal que no tiene retorno» por haber provocado la muerte de «decenas de miles de trabajadores».

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Sin embargo, la partida presupuestaria lleva casi tres años prorrogándose, indica García, quien incluso tiene miedo de que «el dinero vaya a la papelera». Además, estiman «insuficientes» las cuantías, ya que las dictadas por vía judicial «se triplican». Por tanto, se puede ver truncada la intención de la Administración de desjudicializar estos procesos. «Tienen miedo a abrir una puerta y que reciban muchas reclamaciones, pero si no se prohibió el uso de estos materiales, tienen que asumir la responsabilidad», apuntala Sordo.

«Exigimos al Gobierno que deje de ser rácano, que para algo pagamos impuestos», protesta Álvarez. Las indemnizaciones no llegan a los 100.000 euros y la más elevada es por mesotelioma, un tipo de cáncer causado por la exposición al amianto, con 96.626 euros. Son, «cuanto menos», tres veces inferiores a las que ha fijado la Justicia hasta ahora, según García.

Además, el portavoz pone de ejemplo a Francia, país que cuenta con 7.000 mil millones de euros para la ejecución de los fondos del amianto en los últimos años. En España, sin embargo, se fijaron 25 millones de euros. Una cantidad que se determinó en 2022, por lo que dos años y ocho meses después siguen esperando.

Sordo también destacó que en España hay una detección muy inferior a otros países de enfermedades profesionales, «solo el 0,1% de las enfermedades profesionales son cánceres, en Alemania el 32%; o los españoles somos Superman, o aquí algo no se está detectando». «Todavía hoy en España estimamos que del orden de 16.000 cánceres tienen en realidad un origen profesional y se reconocen poco más de 100 al año», añadió.

«Corremos el riesgo de que los 25 millones no se gasten», teme García, que señala el «filtro» que ha puesto el Gobierno en las comunidades autónomas. Las convocó a crear unas comisiones de valoración que otorgasen las certificaciones para que los afectados pudieran «ir a la ventanilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social». A día de hoy, «no hay ninguna comisión en marcha», aun entrando el fondo mañana en vigor.

Así, «se puede dar la paradoja de que esas comisiones no se formen antes del 31 de diciembre y ese dinero vaya una vez más a la papelera«. »Es una tomadura de pelo total«, afirma el portavoz en representación de los afectados.

El reglamento incluye a personas vivas con reconocimiento de incapacidad permanente, explica García. Por tanto, «no ampara a todas las víctimas», ya que dejaría fuera a las personas que murieron por la exposición a estos materiales, sus familiares y aquellos con otros problemas de salud. «La Administración se está poniendo una venda en una herida que tampoco va a ser real», opina Sordo.

Además, el líder de CC. OO. señala las «marañas burocráticas» que retrasan estos procesos y pide facilitarlos, sobre todo para las personas mayores.

Por último, los representantes recuerdan que todavía hay miles de toneladas de amianto en España, al ser una sustancia muy común en las construcciones.