El Congreso acuerda tramitar una proposición de ley para que la pederastia no prescriba

Lo que han pedido este martes diputados del Parlamento de Cataluña y víctimas de pederastia es modificar tres artículos del Código Penal y ampliar ese plazo de manera que España sea el país número 33 en en listado mundial que han declarado la guerra a los plazos penales para estos hechos sumamente graves. Con la luz verde del Congreso, se debatirá y tramitará que los delitos sentenciados con penas de más de 5 años de cárcel no prescribirán penalmente a partir de ahora.

La iniciativa presentada a instancias de la Cámara autonómica ha recibido un contundente respaldo: 305 votos a favor, 1 abstención y 32 votos en contra (todos parlamentarios de Vox).

Para sustentar la iniciativa, se aferran a dos palancas: el consenso social y para ello los defensores de la medida esgrimen más de 57.000 firmas recogidas en la plataforma Change.org ; y segundo, el consenso en el derecho comparado. Actualmente 32 países han modificado estos plazos y han aprobado la imprescriptibilidad o total o parcial de la acción penal. En concreto, dentro de la Unión Europea, once de los Veintisiete ya han aprobado la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, como mínimo de los más graves. Son Reino Unido, Irlanda, Islandia, Noruega, Suecia, Suiza, Austria, Letonia, Países Bajos, Bélgica, Rumanía, Luxemburgo, Chipre, Georgia, Polonia, Hungría, Serbia, Croacia, Estonia, Dinamarca, Canadá, en Estados Unidos en 45 estados, México, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Sudáfrica, Corea del Sur, Australia o Nueva Zelanda.

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Antes del debate parlamentario en el Congreso de los Diputados, este martes 12 de noviembre un grupo de víctimas de pederastia han exigido frente al Congreso de los Diputados un «gran acuerdo de Estado» para aprobar «de forma urgente» la propuesta de ley de iniciativa autonómica catalana para la imprescriptibilidad penal de los delitos de pederastia.

En declaraciones a los medios, Miguel Hurtado, activista y superviviente de abusos sexuales en la Abadía de Montserrat, aseguró que «no puede haber reparación de las víctimas, sin garantías de no repetición». Ayer mismo trascendió la primera condena a un monje de la abadía por abusar sexualmente de un joven en 2019: el hermano Gabriel fue condenado a dos años de prisión al aceptar los hechos. La petición de cárcel era de cinco años. El religioso queda inhabilitado por sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona para labores que comporten contacto con menores y estará cinco años en libertad vigilada.

«PSOE y PP se tienen que poner de acuerdo, como lo hicieron con la Ley ELA o la reforma de la Constitución para proteger los derechos de las personas con discapacidad, para aprobar esta ley. Lo exigen sus votantes. Proteger a los niños de la violencia sexual tiene que ser una aspiración que nos una a todos los ciudadanos, independientemente de nuestro color político. Esto no va de izquierdas o derechas«, ha aseverado a puertas del Congreso Hurtado. Hurtado ha considerado que la imprescriptibilidad de los delitos de pederasta «no solo protegerá a las futuras generaciones», sino que supondrá «una reparación moral» para los supervivientes adultos, aunque no se puedan beneficiar de la ley de forma directa, porque esta no puede ser retroactiva.

Las víctimas recordaron que en febrero de 2024 el Parlament de Cataluña aprobó por amplia mayoría (PSC, Comunes, ERC, Junts, Ciutadans) una propuesta de ley de iniciativa autonómica para que los delitos de pederastia no prescriban. La propuesta establece que los delitos de abuso sexual infantil de mayor gravedad (castigados con una pena de prisión máxima de 5 o más años) no prescriban y que el resto de estos delitos lo hagan cuando la víctima cumpla 50 años. «La propuesta es mucho más ambiciosa que la ley actual, vigente desde 2021, que establece que la mayoría de los casos de pederastia prescriben cuando la víctima alcanza la edad de 40 o 45 años, aunque en una minoría de casos muy graves la víctima puede denunciar hasta que cumple los 55 años».

Tras estas declaraciones, Hurtado y otro grupo de víctimas han ocupado la grada del hemiciclo. Abajo en la tribuna diputados de esos cuatro partidos del Parlament han defendido desde las 14.00 horas la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para que los delitos sexuales cometidos por adultos contra menores no prescriban. La iniciativa está impulsada conjuntamente por el PSC-Units, ERC, Junts y los Comuns.

En su texto, se plantea que los delitos sexuales prescriban más tarde con el fin de que la víctima pueda denunciar los hechos al menos hasta que tenga 50 años. Según se desprende de la exposición de motivos de la PNL registrada en el Congreso, consideran «preciso» equiparar la española a las legislaciones de los estados del norte de Europa. En este sentido, apuntan que los delitos sexuales contra menores «constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y un importante problema de salud pública». Así, añaden que la ley tiene por objetivo «evitar espacios de impunidad, ya que se ha demostrado estadísticamente que las víctimas asimilan el delito de una forma lenta en el terreno psicológico, y por tanto muchas veces es de detección tardía«.

El Consejo de Europa estimó que un 20% de los niños, uno de cada cinco, sufrieron abusos sexuales en su niñez. Según el Ministerio del Interior en España, en 2021, la mitad de las denuncias por delitos contra la libertad sexual tenían como víctima a un menor de edad y de ellos, solo el 4% se denuncian. La ONG Save the Children también llamó la atención sobre que de ese número reducido de denuncias, muchas se interpusieron cuando el delito uya había caducado y solo un 30% acabó en sentencia.

Otro estudio de la ONG Educo y la Universidad Pontificia de Comillas en 2018 agregó que la violencia sexual contra menores en el Estado español cuesta al año unos 979 millones de euros.

En su defensa de la iniciativa, Judith Alcalá (PSC en el Parlament catalán) ha considerado que es de justicia dar a las víctimas la oportunidad de buscar justicia cuando están preparadas; porque el 90% de los menores que sufren abusos no los denuncian hasta que no son adultos y muchos no lo hacen, a tenor de las cifras, por miedo, culpa o vergüenza. "El daño es aun así irreparable y hay trabajo fuera de los tribunales. Lo sabemos", ha dicho Alcalá. Las víctimas menores "tardan en procesar, en enteder, comprneder lo que les ha pasado. Por eso hay que conseguir que las víctimas denuncien cuando se sientan preparadas, sin tener en cuenta el tiempo que haya transcurrido".

Susanna Segovia (de los Comunes en el Parlament de Cataluña) ha relatado cómo trabajó el Parlament en una comisión de investigación, cómo procedieron a la escucha activa a las víctimas como Esther Pujol (de la plataforma Tolerancia Cero), el escritor Alejandro Palomas y Miquel Hurtado, entre otros y darles lo que ellos llaman "una ley de derecho al tiempo" ("tiempo para pensar, reflexionar, madurar, decidir a denunciar y que un juez no diga que ya ha prescrito y se les cierre la puerta y se abra la puerta a la impunidad"). Segovia ha parafraseado a las víctimas y ha señalado que su reparación choca con el "muro de la prescripción penal", que "vierte sal en la herida de las víctimas".

Alcalá, Segovia y Raquel Sans (de ERC) han solicitado a una voz el mayor consenso posible a la iniciativa, aunque Vox ya ha adelantado que se opondrá a la toma en consideración de la iniciativa. La diputada de Vox en el Parlament, María Elisa García, ha explicado en Barcelona que su formación votará en Madrid en contra de la tramitación de la ley catalana contra la prescripción de la pederastia para no "blanquear" a los partidos que votaron a favor de la 'ley del solo sí es sí', que ha liberado a cantidad de violadores y de pederastas", ha explicado en una rueda de prensa en la cámara catalana. García ha tachado la propuesta de "paripé" y ha clamado porque a los partidos que la presentan "ni les preocupan -dice- las víctimas de violencia sexual ni les preocupan los abusos de menores", mientras está "fuera de duda" la posición de Vox en materia de cumplimiento de penas y sitúa el endurecimiento de las mismas para los delitos cometidos por violadores y pederastas como la solución, informa la agencia Ep.

En su turno, la diputada Carina Mejías (Vox) ha achacado "dudas" a la "aparente buena intención" de esta iniciativa, porque el partido de Santiago Abascal ha "exigido siempre una respuesta penal más importante y los partidos que presentan esta iniciativa se negaron". Mejías ha considerado que no es de extrañar que presente esta ley la comunidad autónoma "más peligrosa de España, con la ciudad récord y epicentro" de los delitos sexuales en el país, que es Barcelona. "Alguna responsabilidad tendrán quienes han gobernado en Cataluña", ha completado. Ha pedido una reforma integral y no "chapuzas jurídicas" como la 'ley del sí es sí'. "Los violadores y depredadores sexuales deben pasar toda su vida entre rejas", ha concluido la parlamentaria.

La diputada socialista Alba Soldevilla ha reclamado a los populares que no se pongan de lado y no se abstengan. Según Soldevilla, el informe del Defensor del Pueblo dio un nuevo prisma a las víctimas del ámbito religioso, con 440.000 víctimas de abusos, aunque la propia diputada ha señalado que el porcentaje de estos abusos respecto al cómputo global es minoritario. "Señores de la derecha, no se amparen en la Iglesia", ha invocado la parlamentaria del PSOE.

Detrás de la socialista ha intervenido el diputado popular Nacho Martín Blanco, que ha argumentado su posición a favor de la toma en consideración. "El PP no se esconde detrás de la Iglesia ni de ningún otro poder fáctico", ha replicado a la diputada socialista. Sí ha aducido pese a ese voto favorable a que no se puede modular el Derecho y el Código Penal a instancias de la cámara legislativa. También ha señalado que el PP llevará al debate parlamentario la petición de una comisión de juristas, al tiempo que los populares consideran que sería extensible la modificación del Código Penal para otros delitos sexuales, como sobre víctimas con algún tipo de discapacidad. El diputado catalán ha defendido que es una "falacia" el nivel de abuso sexual atribuido a la Iglesia y ha pedido no caer en el "anticlericalismo galopante" del que se hace gala en estos debates.