La víctima de La Manada, siete años después: sigue en tratamiento y con miedo a ser descubierta

La defensa de Boza y de otros tres condenados, representada por Agustín Martínez Becerra, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y a pesar de que obtuvo un voto particular de una magistrada que insta a valorar todas las condenas que tienen estos jóvenes, la violencia de sus actos aquel San Fermín a las 2.50 horas, incluso su actitud posterior a los hechos que –dice– «aumenta la culpabilidad de su conducta», se ha aplicado la nueva norma impulsada por el Gobierno y se aligera su castigo. Martínez Becerra asegura que habrá reducciones de penas para todos y que «es de Justicia poética agradecérselo a Irene Montero», ministra de Igualdad en funciones.

Teresa Hermida, la abogada de la joven madrileña C., de la que solo se conoce su inicial y su edad, huye de la refriega política y afirma que su clienta nunca ha querido ser causa de ningún partido. Su defensa «nació de la propia sociedad, en la calle, porque en las movilizaciones de miles de personas no se les preguntaba por su afinidad política». Además, reprocha la letrada a este diario, «su dolor no tiene color político», aunque reconoce que hoy por hoy están «muy tristes y decepcionadas con la norma» votada en Consejo de Ministros que nació con el objetivo de proteger a mujeres como ella y ha terminado por excarcelar a más de un centenar de violadores. Las rebajas de penas como la de Boza superan las 1.200. De los cinco integrantes de La Manada, uno de ellos –Alfonso Jesús Cabezuelo, exmilitar– ha renunciado a pedir el recorte de la pena, quiere cumplirla íntegra. Hermida recuerda que tienen otras sentencias por hurtos y también por agresión sexual a otra chica en Pozoblanco (Córdoba).

«No considero que la nuestra fuese una condena ejemplar; deberían haber sido castigados con mayor pena –arguye la abogada–. Fue una sentencia justa por lo que allí [un portal de Pamplona] sucedió, rebajarles la pena no se ajusta a los parámetros ni jurisdiccionales ni legales porque se tienen que tener en cuenta otras circunstancias, no solo la aplicación estricta de la ley». La letrada también afirma que desde el principio «vio venir» los efectos perversos de la ley.

Esa norma de Garantía Integral de la Libertad Sexual «nació con una buena cimentación y espíritu; la estructura es malísima. La ejecución no fue buena. Se dejaron brechas que se vieron de inicio que podían provocar problemas gordos y llega un momento en que esas brechas se ven, no se tapan, y como no se tapan, aquí estamos», se revuelve. Incluso, completa, «en determinados seminarios y congresos que cursamos como abogados especialistas en violencia de género y agresiones sexuales vimos que podía darse esta situación. Lo que pasa es que luego salieron a la palestra los responsables que hicieron la ley y dijeron que 'esto nunca podría pasar'. Pensamos que tenían un arma secreta y se descubrió que no, que no había arma, lo que había era un desconocimiento grave de sus consecuencias«.

El goteo de excarcelaciones no se detendrá, anticipa. Y ya no hay margen ni retroactividad para arreglarlo, aunque ella con su defendida se sienten partícipes en algo: que PP y PSOE llegaran a ponerse de acuerdo para enmendar una ley «que había sacado adelante el propio PSOE», censura.

Su clienta sí quiere manifestar que está «defraudada» por la llamada 'ley Montero'. «Al conocer los efectos de la norma en Boza se vino abajo. A mí no me había notificado aún nada el procurador, pero me llamó prensa. Se lo comuniqué y dijo: ¿pero qué ha pasado? puff, ¡otra vez lo mismo, otra vez! Nunca podré rehacer mi vida si esto sigue. Ya han pasado muchos años y sigo en las mismas, recordando lo que pasó aquel 7 de julio, una y otra vez».

¿Quién ha dado una tregua a sus agresores? Hermida responde: «Es una paradoja porque es la misma ley que nació para ofrecer garantías a las mujeres de que no volverían a pasar por lo que pasó ella». Su tormento no se ha aliviado. Ella no quiere oír hablar de que se pueda reconocer su rostro. Aún vive con ese temor. «Sigue en tratamiento, cuando le preguntas, dice que 'está retomando el timón de su vida'. Es consciente de que no puede seguir así. De ser alegre, con una fuerza impresionante, pasó a ser una persona que no podía valerse por sí misma. Estaba derrotada, parece que gracias a Dios el tiempo todo lo cura. Ella es una chica muy fuerte. Te asombraría lo fuerte que es».

Enfrascada en sus estudios y con el sueño de «que se olvide todo esto y que desaparezca de su cabeza esta situación», ansía poder vivir con normalidad y sobre todo tiene una fijación: el anonimato. El afán de supervivencia le ha hecho desarrollar un nuevo instinto. «Cada noticia que sale, como ha ocurrido recientemente con las rebajas de penas, yo inmediatamente le digo que fuera radio, fuera televisión, cero teléfono. Solo está tranquila si se aísla de las noticias que continuamente van saliendo relacionadas con su caso». Además, «no quiere ver sus caras. Lo que detesta es que empiece de nuevo esta vorágine de fotos, de comentarios...». A eso le tiene pavor. Ha sustituido un miedo visceral a posibles agresiones por el de ser descubierta.

Vivir sin teléfono para una joven de 25 años es harto complicado...

Es muy complicado, por supuestísimo. Porque además es una chica que lo que quiere es mantener su anonimato como sea y ante cualquier situación ella se siente vigilada, siente que la miran y eso le causa verdadero agobio. Desde la Prensa me llamáis cada semana para ver si quiere hablar y se lo traslado porque tengo la obligación. Muchas veces –como ahora– me pregunto por qué hablo, si estaremos provocando esta situación entre todos. Pero determinadas circunstancias hay que ponerlas sobre la mesa y esta situación hay que denunciarla. La 'norma del sí es sí' ha sido un paso atrás, desprotege a las víctimas para aumentar la protección al agresor.

¿Quién debe asumir la responsabilidad? «Que viendo el problema que podía generar no fueran capaces de arreglarlo en cuatro meses que estuvieron discutiendo si sí o si no, y con quién pactaban es vergonzoso. Les interesaba más negociar sentaditos en sus despachos y no dar ninguna solución», reprueba. «La responsabilidad de decirle algo a las víctimas la tiene el Ministerio de Igualdad».

¿Cree que ese ministerio utilizó su caso para conseguir réditos?

Espero que esa no haya sido su finalidad, porque estaría fatal. En todo caso mi clienta nunca se ha manifestado en ese sentido.

Si no hablan de política, ¿de qué?

Hablamos mucho de fútbol.

¿'Merengues'?

Precisamente del Real Madrid hablamos... pero mal. Somos del Atleti.