Los veterinarios acusan al Gobierno de «poner en peligro la salud pública» por limitar el uso de antibióticos en animales

Ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado, Moreno del Val ha instado a Planas a reunirse con ellos. Hace una semana, estos profesionales ya se manifestaron delante de las delegaciones de gobierno de todas las provincias españolas. El Ministerio de Agricultura insiste en que su RD busca reducir las resistencias bacterianas, pero el sector reitera que es «ineficaz».

Moreno del Val ha recordado que tienen el apoyo de organizaciones que «resulta complicado que puedan coincidir»: como PACMA, ASAJA o la Federación de Caza, además de 200.000 firmas de ciudadanos. «Todos perciben lo mismo que nosotros, que se está poniendo en peligro la salud y el bienestar animal, y con ello, la salud pública», ha defendido.

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 Moreno del Val ha denunciado que el RD restringe la administración de antibióticos a los animales y conduce a problemas de salud pública porque «no es eficaz para reducir las resistencias bacterianas». Agricultura desarrolló esta normativa para implementar el reglamento europeo 2019/6, que establece una regulación comunitaria sobre medicamentos veterinarios en los países de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, el sector lleva años reprochando que la interpretación que hace el Gobierno de España es mucho más restrictiva, injustificada y contraria a la del resto de países de la UE. «Se nos criminaliza, realmente se desconoce la realidad del sector, y falta una visión práctica, técnica, y científica», ha explicado el vicepresidente de los veterinarios.

Luego, Moreno del Val ha puesto los siguientes datos sobre la mesa. Antes de que entrara en vigor el RD, ha recordado, España ya había reducido el 70 por ciento de los antibióticos usados en ganadería. «Su uso en animales de compañía, supone, según el Ministerio de Sanidad, el 0,19 por ciento del total de antibióticos consumidos en nuestro país, incluidos los de humana», ha explica, por lo que lamenta que el Ministerio de Agricultura considere que el problema de las resistencias lo generan los veterinarios.

Moreno del Val ha expresado que el seguimiento estricto de las fichas técnicas y la falta de flexibilidad en la prescripción excepcional de medicamentos, dos problemáticas que ya abordó ABC en su versión digital y páginas de papel, son «problemas por una interpretación errónea y restrictiva» del reglamento de la UE. También ha dicho que la categorización obligatoria de los antibióticos y el sistema de notificación de prescripción PRESVET (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos) son «problemas» añadidos del RD y que se «podrían solventar» con su modificación.

«PRESVET no sólo es pues innecesario sino que, además, es excesivo porque exige comunicar una gran cantidad de información difícilmente justificable», ha dicho. El propio RD del Agricultura señala que «opera como disposición complementaria a la europea». Por lo que Moreno del Val ha añadido que la redacción del real decreto «desmiente las declaraciones del ministro en las que remarcó que no pueden realizar cambios en él, porque éste se ciñe a un marco regulatorio común en Europa».

Además, ha lamentado que las diferentes entidades competentes del país ni siquiera comparten interpretación. La Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) mantiene una interpretación mucho más laxa y, de hecho, este organismo y Agricultura están negociando para redactar un documento interpretativo común de las limitaciones más problemáticas.

El malestar de los veterinarios con Planas sigue creciendo. «Agricultura dice que va a imperar la buena voluntad en el control por parte de las administraciones. Debo corregirles nuevamente. El Ministerio no puede prometer buena voluntad en aquello que ni siquiera le compete. La capacidad de inspección y control recae en las Comunidades Autónomas», ha advertido Moreno del Val. «La norma acabará por ser interpretada de manera diferente en cada comunidad, en cada provincia, o incluso por cada inspector. Afrontamos un escenario de falta de seguridad jurídica», ha añadido.