Los veterinarios piden al Parlamento frenar in extremis la Ley de Bienestar Animal: «Solo puede llevar a errores»

La misiva, firmada por el presidente del Consejo General, Luis Alberto Calvo Sáez, recuerda que una Ley de Protección Animal es indispensable, «pero esta no es la que necesitamos», y lamenta que no se hayan tenido en cuenta la inmensa mayoría de las alegaciones presentadas por los veterinarios, «que nacen del conocimiento de la realidad del sector y de la ciencia».

El máximo órgano representativo de los 34.000 veterinarios colegiados muestra además su preocupación por las «situaciones problemáticas» que se pueden producir con la entrada en vigor de esta legislación, «de difícil solución o cuya aplicación genere situaciones indeseadas como hemos comprobado con otras normativas en la actualidad«.

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Los veterinarios denuncian que han sido excluidos de la redacción de esta ley, a pesar de que por su formación «científico-técnica somos especialistas en salud y bienestar animal», y las carencias con las que se aprueba, en aspectos como la formación en tenencia responsable, la eutanasia y la falta de financiación.

Por ejemplo, lamenta «la gestión que la ley hace de la eutanasia». «La imposibilidad de decidir, por parte del propietario o del profesional veterinario, la aplicación de una muerte digna para nuestros compañeros animales en los casos en los que existe tratamiento de sus patologías o medidas paliativas pero no se puede acceder a ellas por motivos económicos, nos deja con las manos atadas para la aplicación del criterio del profesional veterinario. Estas situaciones nos pueden abocar a la supervivencia de los animales en situaciones cercanas al maltrato«.

«Les pedimos una última y profunda reflexión que les lleve a frenar una tramitación de urgencia que solo puede llevar a errores que nadie desea, especialmente nosotros, los veterinarios y veterinarias, los profesionales más implicados en nuestro día a día con el bienestar anima«.

La carta también se ha dirigido a la ministra Ione Belarra, de cuyo departamento depende la Dirección General de Derechos de los Animales que impulsa la nueva legislación; a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente de la Comisión de Derechos Sociales, Joan Ruiz.