La vergüenza de los huérfanos de violencia de género: «Es la primera vez que no digo que a mi madre la mató un coche»

Tagar es el marido de Soledad Cazorla, la primera fiscal de género que hubo en España y que falleció en 2015 muy preocupada por el estado de indefensión en que quedan estos huérfanos, tengan la edad que tengan. También de la situación que afrontan sus familias rotas por un asesinato y teniendo que hacerse cargo de los niños. Entre otros motivos de incertidumbre, ha señalado Tagar junto a Ada Santana, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes, se encuentran las vías de agua que tiene el sistema en algunas autonomías o la desprotección de ayudas sociales a partir de que cumplen la mayoría de edad, la falta de tutela, el abandono de sus estudios por la falta de ayudas para completar, por ejemplo, la Universidad de estos jóvenes. Por eso Santana ha reclamado la exención del pago de las tasas universitarias y las ayudas a la formación de esos jóvenes hasta los 25 años.

Soleto ha contado un caso real. Una joven universitaria de 18 años, hija de una mujer asesinada por violencia de género, que ha residido en un centro tutelado hasta el momento. El año que viene dejará de tener derecho a vivir en el recurso asistencial que le ha brindado la Administración y, por tanto, se verá impelida a dejar su carrera si no encuentra un trabajo o a buscarse la vida. La ley en España sólo reconoce como víctimas directas de la violencia de género a los hijos e hijas de víctimas cuando son menores de 18 años. La única comunidad autónoma que ampara por ley a los huérfanos mayores de edad es Andalucía, ha recordado Santana, si bien cada región ha activado mecanismos diferentes.

Al cumplir la mayoría de edad, la protección social y las prestaciones decaen en la mayoría de las comunidades autónomas, han colegido los tres ponentes. «Todos sabemos que en este país, la emancipación a los 18 años no existe, ni ha acabado el periodo de formación de un joven. El huérfano necesita acompañamiento«, ha sido el llamamiento de la directora de la Fundación Mujeres.

En el citado encuentro de familias mantenido en la capital del Turia se comprobó por primera vez también, al decir de Tagar y Soleto, cómo los huérfanos padecen daños colaterales en la vergüenza o el hastío de tener que dar explicaciones continuamente de su estado. «Es la primera vez que no miento y no tengo que decir que a mi madre la mató un coche«, confesó uno de los menores en Valencia, para ahorrarse el suplicio de que le pregunten en todo momento »¿cómo fue el crimen de tu madre? ¿qué pasó? ¿y tú que hiciste? o ¿quién se hizo cargo de ti?«. Es »la definición perfecta de doble victimización«, consideró Soleto, que también especificó que hay chavales que tienen que dar esas explicaciones ante la Administración, en trámites como la cumplimentación de las becas en las secretarías de las universidades para quedar exentos de las tasas como víctimas de violencia de género.

Una situación similar se produce en otras taquillas, como las de la Seguridad Social. «Tienen que acreditar su condición de víctimas, como es lógico, pero hay que formar al personal de la Seguridad Social y del resto del aparato administrativo para que esto no ocurra», ha reclamado Soleto por lo doloroso que es todo el proceso también burocrático para un huérfano.

Además, por la experiencia en el Fondo de Becas Soledad Cazorla, Soleto ha señalado que pese a que la legislación ha incorporado avances para facilitar el reconocimiento y la tramitación de las pensiones de orfandad, hay un «porcentaje elevadísimo» de resoluciones denegatorias de esa condición de víctimas de violencia de género a pesar de que los menores cumplen con los requisitos para acceder a ellas. «No podemos seguir castigando a las familias con trámites adicionales» en estos procesos, ha clamado.

La directora de la Fundación Mujeres ha demandado asimismo, por una parte, la elevación de las cuantías a los huérfanos que desde la modificación de la ley en 2019 y su inclusión en la misma estarían percibiendo unos 600 a 1.000 euros anuales, frente a los 1.600 euros que cobran los huérfanos del terrorismo, ha comparado.

Por otro lado, desde su fundación las aportaciones de particulares y empresas al Fondo de Becas Soledad Cazorla han permitido ayudar con unos 1.800 euros anuales a 170 familias, lo que supone poner sobre la mesa más de 306.000 euros. En el ejercicio 2022, 45 nuevas familias fueron socorridas por estos incentivos, algo más de 85.500 euros en total. Por ello, desde el fondo piden el equilibrio territorial, puesto que muchos huérfanos tienen «la mala suerte de caer» en una comunidad que no los acompaña ni se preocupa por ellos, ha dicho Santana, canaria que ha ejemplificado la legislación contraria entre su archipiélago y el de Baleares, que los auxilia en ocasiones hasta con una solución alojativa o de vivienda. La Comunidad Valenciana, ha continuado Tagar, les da «un monto único», que es difícil de gestionar a diferencia de las que otorgan una cantidad anual o mensual. Pero Tagar ha lamentado que otras autonomías, como Madrid, no están aportando lo suficiente a los huérfanos de la violencia de género.

En este acto de presentación del VII Informe Anual sobre la situación de los huérfanos de la violencia de género del Fondo de Becas Soledad Cazorla se ha abundado en que «el asesino machista lo prepara todo, entre otras cosas dejar sin nada a la familia de la mujer, antes dejaba listo incluso un testaferro» en caso de que a él lo metieran en prisión y cobraba la pensión de viudedad de su mujer él mismo, pero esto cambió «afortunadamente» con la última reforma legislativa en 2019, ha recordado Tagar.

Los tres ponentes han subrayado también la necesidad de renovar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que creen «comprometido con la convocatoria electoral», pese a que todos los partidos salvo Vox habían ya manifestado su voluntad de renovarlo en el Parlamento.