Veinte años del incendio de Guadalajara: «Taparon todo, no se hizo justicia»

En la zona ha crecido el matorral y algún pino silvestre que ponen color a la foto en blanco y negro de hace veinte años. El altar que se erigió para homenajear a los fallecidos se encuentra lleno de maleza, y estaría aún peor si no fuera porque de cuando en cuando familiares y excompañeros llegan aquí para limpiarlo, depositar alguna flor o algún objeto. Susana Rodríguez y Carmen de la Peña respiran hondo antes de remover los recuerdos de aquel fatídico 17 de julio. Sus maridos pertenecían a un retén que se encontraba muy alejado, a unos cien kilómetros, del incendio que se había declarado el día anterior en una barbacoa del municipio de Riba de Saelices.

Se llegaron a ofrecer para acudir a ayudar en la extinción tanto el sábado por la tarde como el domingo por la mañana, pero les dijeron que no hacía falta. Sin embargo, todo dio un giro a las tres de la tarde de ese fatídico domingo. Los demás miembros del retén habían preparado una paella que quedó sin comer. El jefe de todos ellos, Alberto Cemillán, había preferido ir a casa como hacía siempre que no participaba en un incendio: «Fue llegar, quitarse las botas y le llamaron de la central. Le preparé un bocadillo y se marchó corriendo. Fue la última vez que le vi», recuerda Susana.

El resto de lo sucedido se relata con detalle en las diligencias que instruyó durante cuatro años el juzgado de Sigüenza: los diez miembros del retén de Cogolludo y un operario procedente de Arcos de Jalón fueron conducidos desde la plaza de Santa María del Espino por el agente medioambiental Pedro Almansilla, quien minutos antes había recibido «instrucciones» del jefe de Coordinación Provincial, Antonio Solís. Este reconoció ante la juez que ordenó a Almansilla «movilizar un fuerte contingente de medios para que se concentrasen en el pueblo», pero matizó ante la juez: «Le mandé a un casco urbano muy alejado del incendio, no al incendio».

Con instrucciones concretas o sin ellas, el caso es que los doce trabajadores forestales recorrieron esos cuatro kilómetros en camiones y coches hasta una zona que la mayoría desconocían y en la que, según relataron los pilotos, ya se habían retirado incluso los medios aéreos porque las llamas alcanzaban hasta treinta metros de altura. «Si los de los aviones, que teóricamente tienen algo menos de riesgo, no se atrevían a entrar, ¿cómo se les ocurrió meter a un retén allí?», se pregunta una y otra vez Carmen. Una y otra vez durante veinte años.

Nadie supo responder a esa cuestión. «Se metieron en una zona de riesgo, viene una racha de viento y en segundos... 'plaf'», resumió al día siguiente el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La frase, que en principio pareció chusca, reunía las dos claves de la tesis oficial autoexculpatoria: 1. Se metieron ellos allí (los muertos); y 2. Hubo un infortunio inevitable. A tenor de los testimonios de los familiares de las víctimas, la tercera pata de la maniobra de comunicación consistió en imponer un manto de silencio para desactivar lo que muchos denominaron 'el Prestige' del PSOE' –aunque en aquella catástrofe no pereció ningún humano y en esta once– y que afectaba directamente al Gobierno de Castilla-La Mancha del también socialista José María Barreda.

«Aunque sabían de sobra quiénes habían fallecido, nos tuvimos que enterar por terceras personas. Nadie nos llamó. Yo me bajé con mi suegro, que era también técnico medioambiental, a la Delegación Provincial de Guadalajara, pero no nos querían decir nada», rememora Susana, mientras Carmen confirma: «¿Cómo no iban a saberlo si entraron a rescatar a Jesús Abad (conductor de un camión procedente de Arcos de Jalón y único superviviente)? Pero la consigna era taparlo todo. Sabían que no se habían hecho las cosas bien», añade Carmen. Fue la peor de las humillaciones que sufrieron, pero no la única. «En los meses posteriores, nos concentrábamos el 17 de cada mes ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente para pedir respuestas y se asomaban a las ventanas y se reían de nosotros», recuerdan con el mismo dolor con el que recibían las acusaciones de estar politizados o de buscar dinero. «Lo único que queríamos es que alguien se sentase delante de nosotros y nos dijera: 'Nos equivocamos'. Nunca lo hicieron», lamenta Susana.

El PSOE logró imponer la tesis oficial de que todo se hizo bien gracias a su mayoría en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla-La Mancha. Pero los testimonios, los informes periciales y las grabaciones de las llamadas al 112 fueron mostrando las costuras del operativo, empezando por la precaria formación de los miembros de los retenes –hasta el punto de que algunos no habían recibido ni un cursillo– o de los vehículos y equipamientos que utilizaban.

También se demostró que apenas se movilizaron medios aéreos ni terrestres hasta que se conocieron las once muertes. De hecho, fueron los vecinos quienes llevaron sus tractores para hacer cortafuegos. Tampoco se pidió ayuda a otras comunidades ni se movilizó al Ejército (la UME se creó como consecuencia del incendio) que podía intervenir con maquinaria, y las cuadrillas no trabajaron por la noche, lo que hizo que los focos controlados se reavivaran.

El incendio pilló a los principales responsables fuera de cobertura: el vigilante de la torreta más cercana no avisó; el responsable del 112 en Toledo estaba comiendo; el coordinador de guardia se había ido ese fin de semana a la playa y había cambiado el turno con un compañero que tardó horas en aparecer.

La ausencia más escandalosa fue la del delegado provincial de Medio Ambiente, Sergio David Sánchez Egido, que se encontraba la tarde del sábado en la boda de un hermano, y no elevó el nivel de alerta a pesar de que luego reconoció que el incendio había tomado en esas primeras horas «una velocidad de propagación de 1.300 hectáreas por hora, diez veces superior a la habitual». Con varios miles de hectáreas quemadas y varios pueblos desalojados desde el sábado, el entonces presidente regional, José María Barreda, tampoco movió un dedo hasta el día siguiente y ni siquiera fue informado el director regional del Medio Natural, José Ignacio Nicolás.

Todo ese cúmulo de despropósitos y ausencias solo provocó la dimisión de la consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, que después fue recolocada como directora corporativa en la Empresa Nacional del Uranio, Enusa. Arévalo fue en 2009 procesada junto a otras 19 personas entre las que se encontraban el resto de altos cargos, los técnicos responsables de la coordinación del incendio, personal del 112 y directivos de las empresas. La juez les atribuyó diferentes delitos. Los más repetidos: incendio forestal por imprudencia grave, homicidio por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores, con penas de hasta cuatro años de prisión en algunos casos.

Sin embargo, la Fiscalía desde un principio estuvo en contra de estas imputaciones, y la Audiencia Provincial terminó haciéndole caso y archivando la causa en 2010 contra todos ellos, no porque considerara que se hicieron las cosas bien, sino porque la actuación de técnicos y políticos fue considerada «irrelevante penalmente». Sólo fue condenado a dos años el excursionista que encendió la barbacoa, pero ni ingresó en la cárcel ni pagó la indemnización.

Antes de ese carpetazo judicial, la Junta había ofrecido a las ocho familias personadas unas indemnizaciones a cambio de retirar las querellas. Una oferta que rechazaron porque los familiares exigían incluir una petición de perdón y de asunción de responsabilidades que nunca llegó. «¿Recibir dinero para taparnos la boca? Eso de ninguna forma; lo dijimos desde el principio, que no queríamos dinero, que lo que queríamos era verdad y justicia», señala Susana, mientras Carmen recoge la última palabra de la otra viuda: «No se hizo justicia, no se hizo justicia».

–¿Cómo os gustaría que recordase la gente a vuestros maridos?

—Pues como unos trabajadores que dieron la vida por defender la naturaleza. Ojalá esto hubiera servido para algo. Pero hablamos con los retenes y siguen casi igual que entonces, con muy malas condiciones. Es una pena que esto caiga en el olvido.

Sergio y Andrés miran a su madre, Susana, y asienten. Para ellos también resulta muy duro regresar al lugar donde perdió la vida su padre, fallecido cuando apenas tenía 37 años y le esperaba prácticamente una vida por delante. Pero también lo hacen por su madre, que representa aquí a todas las madres y esposas de fallecidos, que tuvieron que cargar con el dolor de la desaparición de un marido, de un hijo o una hija: «Esa señora que está ahí de pie, al igual que Carmen, ha tirado para adelante de dos niños de una forma que no sé de dónde sacaba la fuerza. Entonces, con 9 y 7 años, casi no nos dábamos cuenta, pero veinte años después resulta increíble todo lo que han hecho por ti y de cómo lo han hecho, que es increíble. Que no se olvide».