El Vaticano rechaza las impugnaciones presentadas por la defensa del caso Gaztelueta

En ella comunica además al acusado José María Martínez que no puede ser defendido por los colegiados que ha presentado. Asegura que están «incapacitados», pues no han acreditado una titulación en Derecho Canónico ni experiencia previa en estos procesos. Ahora tiene 30 días para designar a otro abogado rotal, o para acogerse a un abogado de oficio.

El acusado del caso anuncia perplejo en su blog que el Vaticano no ha admitido ninguna de las solicitudes que presentó, a saber, «revocación del decreto de la Sede Apostólica, petición de inhibición de la Sede Apostólica en este proceso, recusación del juez de esta causa y conocimiento de la investigación previa». La Signatura Apostólica considera que las dos primeras son «inadmisibles» y rechaza las otras dos peticiones.

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La Signatura Apostólica explica que la revocación del decreto que convocaba el proceso es inadmisible, pues al ser «un acto propio del Romano Pontífice, la revocación y declaración de nulidad debiera entenderse, a lo sumo, como una petición de gracia».

A la solicitud de que el Papa no intervenga en la causa, el Tribunal explica que «el Romano Pontífice, único juez en los juicios del sistema canónico, nunca puede ser recusado ya que goza de la potestad ordinaria, suprema, plena, inmediata y universal sobre la Iglesia, la cual puede ejercer libremente».

La defensa solicitó recusar al juez delegado del Papa, José Antonio Satué, obispo de Teruel, a causa de una carta que éste escribió al acusado once días después de convocarse el proceso, en septiembre de 2022. «Como hermano en la fe, me permito recomendarle con todo respeto que si, por las circunstancias que fuesen, usted hubiera defendido su inocencia de forma incierta, contemple este procedimiento como una forma de reconocer la verdad y pedir perdón al señor Juan y a su familia», escribió.

El Vaticano reconoce que, «aunque fuese nacida de una intención pastoral, tal invitación hecha antes del juicio puede haber suscitado dudas sobre la imparcialidad del Delegado, o en todo caso haber proporcionado un pretexto para tal apreciación»; pero no lo considera suficiente como para recusar al juez del proceso canónico.

Tampoco ve necesario que se envíe a la defensa una copia de la investigación previa vaticana realizada en 2015, que concluyó con la declaración de inocencia del acusado, porque las «dos condenas de los tribunales españoles constituyen los nuevos elementos para revisar la decisión adoptada en el año 2015».

En septiembre de 2020 el Tribunal Supremo rebajó de 11 a dos años de prisión la condena del tribunal de Vizcaya al acusado, por un «delito continuado de abusos sexuales» a un alumno de 12 y 13 años. Además, le prohibió acercarse a la víctima durante 4 años y lo inhabilitó al derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Aunque el acusado se ha negado a declarar en el juicio canónico celebrado en los últimos meses, fuentes conocedoras del proceso aseguran que está visto para sentencia y podría resolverse a corto plazo.

«Voy a seguir peleando porque soy inocente, porque estoy siendo juzgado de una manera injusta y muy dolorosa, porque vale la pena, porque no me da la gana que me pisoteen abusando de su posición», publicó en su blog el acusado José María Martínez, quien sigue manteniendo su inocencia. «Responderemos al documento de la Signatura, e iremos hasta a la Corte Europea de Derechos Humanos si es necesario, porque de lo que estamos hablando aquí es de eso: de los derechos más elementales de cualquier persona», añadió.

A eso también responde por adelantado la Signatura Apostólica, que recuerda que «el propio Tribunal Europeo reconoció su falta de competencia respecto a la Santa Sede».