El Vaticano publica nuevas reglas para evitar las contrataciones 'a dedo'

El decreto entró el vigor el domingo 10 de agosto, aunque está firmado desde hace seis días por el prefecto de la Secretaría para la Economía, el laico extremeño Maximino Caballero. El prefecto lleva al frente de este 'ministerio económico' de la Santa Sede desde 2022, aunque comenzó en este departamento dos años antes, cuando la dirección estaba al mando otro español, el jesuita Juan Antonio Guerrero.

Dividido en 8 títulos y 52 artículos, el nuevo código de disposiciones define la aplicación de dos motu proprios, que se aprobaron en 2020 y 2024, bajo el pontificado del Papa Francisco, para controlar los procedimientos en la gestión de las licitaciones y posteriores acuerdos entre el Vaticano y los proveedores a la hora de adquirir bienes o servicios.

El texto, fruto de la colaboración entre diferentes organismos vaticanos, detalla paso a paso cómo es el ciclo de asignación de un contrato público, desde el inicio de la convocatoria, pasando por la licitación, hasta la supervisión de la empresa elegida para vigilar que se cumple con lo pactado. También, se explica cómo y en qué formato debe presentarse la documentación o quién es el ente designado para seguir el procedimiento.

Esto, en la gran mayoría de casos, que es cuando se hace un concurso abierto. Pero, por ejemplo, también existe la posibilidad de una adjudicación directa, 'Intuitu Personae'. Esto significa que se concede directamente el contrato a ese proveedor o empresa sin entrar en un proceso de selección. Son casos más aislados para los que, según estas disposiciones, se requiere una razón justificada y documentada que esté dentro de la normativa.

Existe, además, un tribunal que se encarga de evaluar tanto el mercado como a las empresas solicitantes. También, se explica cómo y en qué formato debe presentarse la documentación o quién es el ente designado para seguir el procedimiento.

Por tanto, con la publicación de dicho documento, los objetivos que se buscan son, por un lado, dejar claro que cualquiera que quiera aplicar debe someterse a estas reglas sin saltarse ninguno de los pasos necesarios hasta el final de la adjudicación. Por otro, evitar que puedan existir asignaciones 'a dedo', que favorezcan la desigualdad de condiciones entre las empresas que quieran postularse.

Todo ello en consonancia con la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, promulgada por Francisco el 19 de marzo de 2022, y que reforma la Curia Romana, es decir, el conjunto de organismos que ayudan al papa en el gobierno de la Iglesia. En base a esto, en el nuevo código confluyen dos necesidades: la de transparencia y la de simplificar la burocracia. Así, lo que se busca es que cualquier paso adelante en materia económica vaya siempre enfocado hacia un uso responsable y sostenible de los recursos, con el foco puesto en la buena ética.

El origen de la ley que regula la concesión de obras públicas en el Vaticano viene del 1 de junio de 2020, cuando el papa Francisco estableció medidas para aumentar la transparencia en este ámbito, siguiendo los principios de la convención de la ONU contra la corrupción de 2003. Un trabajo que duró cuatro años y con el que la Santa Sede se incorporó a la lista de países europeos —y prácticamente mundiales— que llevaban siguiendo reglas de control y competencia a la hora de adjudicar contratos mucho tiempo antes que la Iglesia.

Por ejemplo, desde entonces, y aunque se han ido modificando y añadiendo más directrices, no pueden participar empresas condenadas por fraude o en paraísos fiscales, es público el nombre de quienes aprueban las obras y no se pueden otorgar a parientes de hasta cuarto grado o a socios de hasta dos grados. También, quedan excluidas de cualquier proceso las entidades investigadas por crimen organizado, terrorismo o trabajo infantil.