El Vaticano confirma que existen sanciones por abusos contra el cardenal Juan Luis Cipriani

«Puedo confirmar que a raíz de las acusaciones formuladas contra él, y tras la aceptación de su dimisión como arzobispo de Lima, se impuso al cardenal un precepto penal con ciertas medidas disciplinarias relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias, firmado y aceptado por su eminencia», explica Bruni a ABC. «Aunque en ocasiones puntuales se concedieron ciertos permisos para atender peticiones debidas a la edad y situación familiar del Cardenal, en la actualidad dicho precepto sigue vigente», añade.

El purpurado había reconocido el sábado la existencia de las sanciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero argumentó que se trata del resultado de acusaciones completamente falsas. Los hechos se remontan a 1983, en concreto, según ha narrado el denunciante, que entonces tenía 16 o 17 años, se refieren a supuestos gestos impropios como caricias, cuando Cipriani era sacerdote.

Noticia Relacionada

Opus Dei, las razones que llevaron al Papa a poner fin a la singularidad jurídica

José Ramón Navarro-Pareja

La norma dictada por Francisco restablece «la coherencia dentro del orden canónico», según el futuro cardenal Gianfranco Ghirlanda

«No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después», reitera el purpurado en una carta pública. Además de elogiar «el especial liderazgo del Papa Francisco, que pone en el centro a las víctimas», explica que no le fueron comunicadas las acusaciones ni se le ofreció la posibilidad de defenderse o de ofrecer su versión.

La mención al Papa Francisco no parece casual, y es más bien un gesto de cercanía y reconocimiento. A pesar de que Francisco y el cardenal Cipriani tienen visiones de la Iglesia diferentes, entre ambos no se han registrado tensiones públicas durante este periodo. El Papa viajó a Perú en enero de 2018, un año antes de sustituirlo, y agradeció la calidez de los peruanos por las calles de Lima, tras la fría recepción que había recibido en Chile.

Según la reconstrucción de Cipriani, «en agosto de 2018 fui informado de que había llegado (al Vaticano) una denuncia que no se me entregó. A continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico (en Lima) me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú. También se me pidió que guardara silencio, cosa que he hecho hasta ahora».

Añade que dos meses más tarde, «el 4 de febrero de 2020 tuve una audiencia con el Papa Francisco, y el Santo Padre me permitió reanudar mis tareas pastorales. Así lo demuestra mi amplia actividad pastoral realizada durante estos años, predicación de retiros espirituales, administración de sacramentos, etc».

Por su parte, el portavoz del Vaticano ha destacado que Cipriani «firmó y aceptó las medidas» y que las dispensas son «ciertos permisos» concedidos en «ocasiones puntuales», pero que las sanciones continúan en pie. Si se trata de acuerdos verbales, no será fácil establecer quién tiene la razón.

Según la reconstrucción que publicaba este sábado el diario «El País», en 2018 el denunciante hizo llegar una carta al Papa en la que narraba los abusos. Francisco solicitó a un sacerdote de Lima que se reuniera con el autor de la carta, para recabar todos los datos. Como resultado, transmitió el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, a quien competen los casos de abusos. El 25 de enero de 2019, un mes después de que al cumplir los 75 años presentara la renuncia obligatoria al gobierno de la archidiócesis de Lima, el Papa lo sustituyó y unos meses más tarde, el nuncio le comunicó las sanciones. Desde entonces, abandonó el Perú, y residió entre Roma y Madrid manteniendo un perfil bajo.

La filtración se ha producido en un momento extremamente delicado para el sector conservador de la Iglesia católica en el Perú, ya que esta misma semana se confirmó la inminente disolución del «Sodalicio de Vida Cristiana». Se trata de una institución católica aprobada por el Vaticano que ha influido la cultura y la vida política y académica de este país, de la cual fueron expulsados entre agosto y noviembre su mismo fundador y algunos dirigentes, por abusos de autoridad, sexuales y financieros.

Los obispos católicos del Perú llevan años trabajando para intentar unir dos almas de la Iglesia, intentando hacer compatibles la preocupación por la justicia social y el activismo de los católicos en órganos políticos y empresariales. Pero las posiciones están enconadas y no tienen fácil poner en práctica las soluciones.

«Queridos hermanos obispos, trabajen para la unidad, no se queden presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que hemos sido llamados: ser sacramento de comunión», les solicitó Francisco en Lima en 2018. Ese contexto sigue siendo muy divisivo, pues ideologiza la visión de la actualidad, y lleva a interpretar decisiones del Vaticano como la supresión del Sodalicio o la sanción a Cipriani, como el triunfo de una corriente sobre la otra.